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Fiscalía emitío ordenes de aprehensión contra exministros de Gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López

Caso "gases lacrimógenos" relacionado con la denuncia de compra de agentes químicos son sobreprecio también por delito de uso indebido de influencias

publicado en 17 / Nov / 20

Fiscalía emitió órdenes de aprehensión en contra de los exministros de Gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López, respectivamente, según reportaron cadenas de televisión hace instantes.

Ambos ministros fueron imputados por el delito de uso indebido de influencias y otros por la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio durante el gobierno de Jeanine Añez 

Estas órdenes de aprehensión se divulgaron esta tarde. A propósito de las mismas, el flamante comandante general de la Policía Jhonny Aguilera dijo que "lo que corresponde es cumplir la norma, lo que corresponde a la Policía es emplear los métodos y las técnicas necesarias para cumplir la ley".

Fiscalía solicita informe a Migración para establecer si exministros Murillo  y López salieron del país | Diario Pagina Siete

Según se conoce, el exministro Murillo habría salido de Bolivia y habría ingresado a Panamá vía Brasil; no obstante, las autoridades de Migración no confirmaron la salida del exministro.

Recordemos que la Fiscalía emitió en octubre un requerimiento de cooperación internacional para que se pueda recibir las declaraciones informativas de testigos en Brasil, quienes serían el presidente de la empresa Cóndor, Carlos Erani Aguiar; la vicepresidenta, María Cristina de Quiroz Aguiar (ambos presuntos dueños de la empresa), y también de Luis Montero, director comercial; Marcos Sigma, subgerente, y Beni Iachan, gerente de ventas para Latinoamérica.

La querella ante la Fiscalía señala que el Gobierno pagó Bs 270 por cada unidad de proyectiles de larga distancia y Bs 250 por unidad de proyectiles de triple acción. En cada caso se demandó la dotación de 50.000 unidades. De acuerdo a una denuncia de la red Gigavisión el costo se incrementó porque el Gobierno de Áñez optó por un intermediario, pese a que inicialmente se estaba haciendo una compra directa.

La investigación sobre el caso «gases lacrimógenos» generó un impasse entre Murillo y el exprocurador José María Cabrera, quien requirió información a cerca de la adquisición. Cabrera fue retirado del cargo.


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