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Cancillería boliviana emitió un comunicado en el que afirma: "El Estado boliviano firmó de buena fe un acuerdo con la OEA, y lo cumplió a cabalidad hasta que Luis Almagro lo violentó haciendo declaraciones unilaterales sobre resultados"

"No queremos venganza, queremos justicia" porque "el pueblo boliviano tiene derecho a saber lo que pasó en el golpe de Estado de noviembre de 2019, saber quiénes autorizaron a apretar el gatillo, tiene que saber la población quiénes estaban detrás de todo esto" afirmó presidente Luis Arce

El comunicado asegura que “toma nota” de las actitudes de Luis Almagro a las que califica de “irracionales” y advierte que denunciará estas actitudes ante las instancias internas de la organización, sin perjuicio de las responsabilidades personales que puedan establecerse. En Bolivia ya existen pedidos de que se procese a Almagro junto con los acusados del caso de supuesto golpe de Estado.

“El Estado boliviano firmó de buena fe un acuerdo con la OEA, y lo cumplió a cabalidad hasta que Luis Almagro lo violentó haciendo declaraciones unilaterales sobre resultados”,

“La auditoría que defiende el Secretario General fue realizada sin cumplir con el acuerdo suscrito con el Estado boliviano y terminó siendo un proceso unilateral y parcializado con conclusiones erróneas y forzadas”, refiere en la primera acusación.

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“Las declaraciones del Señor Almagro constituyen un acto de injerencia en asuntos internos en la administración de justicia de este país”, asegura en el cuarto párrafo del documento oficial.

“Las palabras y agresiones del señor Almagro en su comunicado parecen más bien estar dirigidas otra vez a coordinar procesos de desestabilización en Bolivia. Se le advierte que no se permitirá un nuevo intento de acciones desestabilizadoras y se pone en alerta a la comunidad internacional”, asegura el texto que fue publicado por la Cancillería del Estado.

“Las palabras del Señor Almagro no son objetivas”, ratifica el texto oficial que reivindica el proceso judicial que se lleva adelante en Bolivia. 

Gobierno validó y ratificó el peritaje que mandó a realizar la Fiscalía General del Estado (FGE) a un consultor de la Universidad de Salamanca y rechazó la ratificación del informe pericial que realizara la Organización de Estados Americanos (OEA) que fue realizada este lunes.

“Se ratifica la validez e importancia del peritaje requerido por la Fiscalía General del Estado a la Universidad de Salamanca, realizado dentro de un proceso judicial que soberanamente lleva adelante el Estado boliviano en el marco de su legislación, de carácter controversial, abierto a todo medio probatorio, que resguarda los derechos y garantías entre las partes”, señala la primera parte del comunicado oficial que publicó la Cancillería del Estado.

De este modo, la confrontación entre el actual Gobierno y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, dio otro giro. El comunicado oficial lanza cinco acusaciones en contra del diplomático que visitó Bolivia en mayo de 2019 y se reunió con Evo Morales en distintas regiones del país.

Incumplimiento del acuerdo bilateral, realizar declaraciones unilaterales, un acto de injerencia, intento de desestabilización y declaraciones no objetivas, son las cinco acusaciones que lanzó el Gobierno contra Almagro, luego que la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA ratificara su informe.

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Presidente Luis Arce en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, participó de un acto en conmemoración a los caídos en la lucha por la Recuperación de la Democracia y aseguró que “la derecha golpista” pretende negar el golpe de Estado y que “ignoremos todo y pasemos la hoja” sobre los muertos y heridos de noviembre de 2019.

“Sin duda que han sido momentos dramáticos, una derecha golpista que no quería soltar el poder, había entrado por la ventana al poder en un golpe de Estado que hoy quiere negarse, hoy quiere decir que nada pasó, que no hay 36 muertos, que no hay heridos, perseguidos, enjuiciados torturados y baleados. Quieren que lo ignoremos todo y que pasemos la hoja sin que quede ningún antecedente de esto”, cuestionó en su discurso.

Y aseguró que “no queremos venganza, queremos justicia”, porque “el pueblo boliviano tiene derecho a saber lo que pasó en el golpe de Estado de noviembre de 2019, saber quiénes autorizaron a apretar el gatillo, tiene que saber la población quiénes estaban detrás de todo esto”. 

Tras la dimisión de Evo Morales en noviembre 2019, en medio de denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión, tomó el poder Jeanine Áñez, como resultado de reuniones de políticos y cívicos a convocatoria de la Iglesia Católica y la Unión Europea, ambas rechazaron cualquier afán golpista.

“No solo habían intereses nacionales de las clases dominantes, de los ricos, sino también de muchos extranjeros que han puesto su mirada en nuestros recursos naturales, por eso esa defensa valerosa acá, en este mismo punto será recordada como un elemento central de la historia de la democracia del país”, aseguró Arce en el acto transmitido por medios estatales.

Desde la población cruceña, recordó que las protestas y bloqueos alentados en 2020 para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fije la fecha de las elecciones realizadas en octubre y que ganó el MAS con más del 55% de los votos.

 


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