Papeles de Pandora identifica 3 políticos bolivianos involucrados no se mencionan los nombres

La más reciente investigación del consorcio ICIJ que se denomina Papeles de Pandora identifica tres casos de políticos bolivianos involucrados en este complejo entramado de evasión fiscal y el uso de paraísos fiscales.

Paraísos fiscales o empresas “offshore” y riquezas ocultas de líderes mundiales y multimillonarios fueron expuestos en una filtración que no tiene precedentes.

¿Quiénes son? El documento publicado este domingo sólo los menciona en un mapa en el que se consulta: ¿De dónde son los 336 políticos de los Papeles de Pandora? Ubicando la búsqueda en Bolivia, la respuesta es la siguiente: 3 políticos, aunque no se mencionan los nombres.

Entre los tesoros escondidos revelados en esta investigación están:

* Un castillo de 22 millones de dólares en la Riviera francesa, repleto de un cine y dos piscinas, comprado a través de compañías offshore por el primer ministro populista de la República Checa, un multimillonario que ha criticado la corrupción de las élites económicas y políticas.

* Más de 13 millones de dólares escondidos en un fideicomiso en secreto en las Grandes Llanuras de los Estados Unidos por un vástago de una de las familias más poderosas de Guatemala, una dinastía que controla un conglomerado de jabón y lápices labiales que ha sido acusado de dañar a los trabajadores y la tierra.

* Tres mansiones frente a la playa en Malibú compradas a través de tres compañías offshore por $ 68 millones por el Rey de Jordania en los años posteriores a que los jordanos llenaran las calles durante la Primavera Árabe para protestar por el descuido y la corrupción.

“Los registros filtrados revelan que muchos de los actores de poder que podrían ayudar a poner fin al sistema offshore se benefician de él, escondiendo activos en compañías y fideicomisos encubiertos, mientras que sus gobiernos hacen poco para frenar un flujo global de dinero ilícito que enriquece a los criminales y empobrece a las naciones”, se lee en el informe.

El trabajo corresponde al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que accedió a más de 11,9 millones de archivos confidenciales y dirigió un equipo de más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación.

Entre tanto directora de la Unidad Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, aseguró que la Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas no vulnera derechos y advirtió que si el país no estandariza sus normas a nivel internacional, ingresará en listas grises que perjudicarán al comercio exterior y al sistema financiero.

En una entrevista en Bolivia TV, en el programa Las 7 en el 7, la ejecutiva señaló que el país pronto será evaluado en cuanto a la aplicación de normas contra el lavado de dinero y debe uniformizar su legislación a los estándares internacionales.

“Si es que no se adoptan  normas  adecuada al  estándar internacional ingresaremos a  listas grises y e generarán limitaciones de comercio exterior y se tendrá  que justificar por qué el   sistema financiero va  a tener que cumplir ciertos (requisitos) de sospecha ente comunidad internacional porque nos convertimos en país de riesgo”, puntualizó.

La Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales es debatida en el Legislativo.

Morales dijo que esta norma tiene la finalidad de investigar a las personas vinculadas con delitos. “Es investigar sí a personas que tienen vinculación con delitos y que su dinero está siendo obtenido a partir de estos delitos a partir de asesinatos, a partir de secuestros, de narcotráfico, de corrupción. Esas personas que están obteniendo sus ingresos de esos delitos, esas personas son las que nosotros investigamos, no a la gente que está ejerciendo su labor diaria tratando de llevar el pan del día a su casa”, dijo en en Bolivia TV.

Lamentó que algunos políticos traten de tergiversar la finalidad de ese proyecto de ley, que tiene el objetivo de prevenir, investigar, procesar y sancionar hechos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.

“Queremos decirlo claramente: parecieran que no quieren que se establezca una ley contra los delincuentes, contra gente que está utilizando nuestro sistema, para poder enriquecerse a costa de la población robando las arcas del Estado”, sostuvo.

Aclaró que a escala regional casi la mayoría de los países cuenta con una ley específica para luchar contra ilícitos como el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, solo Panamá y Nicaragua no cuentan con legislación al respecto.