La Paz 26 de Julio de 2024, 21:36
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Gobierno de Jeanine Áñez utilizó de "forma abusiva el sistema judicial para perseguir" a partidarios de MAS y las "masacres" en Sacaba y Senkata denunció Organización Human Rights Watch (HRW)
Las masacres se produjeron luego del decreto emitido por la interina Áñez el 15 de noviembre de 2019 que otorgaba al Ejército facultades excesivamente amplias para el empleo de la fuerza contra los manifestantes
En el acápite sobre Bolivia, el reporte se centra en los hechos de violencia ocurridos antes y después de la renuncia de Evo Morales, en noviembre de 2019, y en el accionar del gobierno de Áñez en materia de procesos abiertos en contra de gente vinculada a Morales, entre ellos a Patricia Hermosa.
En el informe mundial, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció que el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez utilizó de “forma abusiva el sistema judicial para perseguir” a partidarios de Evo Morales y que las “masacres” en Sacaba y Senkata se dieron tras emitir un decreto que liberaba de responsabilidad penal a militares.
“El gobierno de Áñez presionó en forma pública a fiscales y jueces para que actuaran de manera favorable a sus intereses” y “utilizó de manera abusiva el sistema judicial para perseguir a colaboradores y partidarios de Morales”, refiere parte del informe.
Pone como ejemplo que “el propio Morales enfrentó cargos por terrorismo que parecían responder a motivaciones políticas”.
Calificó de “masacres” los hechos de Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019, donde perdieron la vida al menos 20 personas por impactos de bala. Ahí actuaron fuerzas combinadas de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
“Las masacres se produjeron luego de un decreto emitido por la presidenta interina Áñez el 15 de noviembre de 2019 que otorgaba al Ejército facultades excesivamente amplias para el empleo de la fuerza contra los manifestantes. Con esto, se envió el peligroso mensaje de que los soldados no tendrían que rendir cuentas por los abusos que cometieran”, sostiene el informe.
El decreto fue anulado ante la presión interna e internacional. Las protestas de ese entonces fueron en defensa de Morales, quien había renunciado acorralado por denuncias de fraude electoral, un paro cívico, un motín policial y la sugerencia militar de dimitir.
“Human Rights Watch documentó casos de cargos infundados, violaciones de la libertad de expresión y del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva”, establece el informe publicado en la página web de la organización internacional.
También calificó de violación a los derechos de libertad de circulación la ley aprobada por el Legislativo, en 2020, y que prohíbe a los exfuncionarios viajar fuera de Bolivia durante tres meses luego de haber dejado el cargo.
Actualmente el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI –Bolivia), proveniente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investiga los hechos de violencia entre septiembre y diciembre.
