Han pasado 49 años del Golpe de Banzer de 1971 pero no pasó el dolor, la incertidumbre de las víctimas

La historia nos lleva al sábado 21 de agosto de 1971 cuando el expresidente Juan José Torres y el Regimiento de Infantería Colorados de Bolivia llamaban a resistir la fuerza golpista. Muchos revolucionarios salieron con ese objetivo, entre ellos el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz  junto a otros hombres y universitarios dispuestos a morir; sin embargo, la falta de armas y desorganización truncó ese objetivo.

Detenciones, atentados, cortes de energía eléctrica, explosiones se desataron días antes y el mismo 21 de agosto, acciones de amedrentamiento contra el gobierno de Torres y las fuerzas populares de izquierda. 

A las 20.45 los carros de asalto del Regimiento Tarapacá ingresaron por la calle Comercio. Enterado de esto el presidente Torres abandonó el Palacio de Gobierno, acompañado de sus edecanes en un automóvil que salió velozmente con rumbo desconocido.

Transcurrieron 49 años del cruento golpe de Estado prepetrado por el entonces coronel Hugo Banzer Suárez y las heridas aún no han cicatrizado; las víctimas aún viven con el dolor de haber sido torturadas, las mujeres violadas, exiliadas y la incertidumbre por la desaparición de cientos de personas que hasta hoy se desconoce cuál fue su destino.

Ruth Llanos esposa del universitario Ricardo Navarro y secretaria ejecutiva de la Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos y Mártires (Asofamd) recuerda aún ese 21 de agosto con dolor por la muerte de cientos de sus compañeros universitarios y docentes que cambiaron los libros por fusiles. “En nuestro lenguaje no existía la palabra de ocultarse ni buscar refugio. Entonces, en mi memoria está que mi compañero Ricardo subió al cerro de Laikakota junto con Marcelo Quiroga Santa Cruz a defender la democracia y desde ese día ya no lo pude ver porque entró en la clandestinidad”, relató Llanos a La Razón.

A pesar de que la Asofamd consiguió hitos importantes como la conformación de una Comisión Nacional de Investigación de Personas Desaparecidas, en el gobierno de Hernán Siles Zuazo, y que logró establecer que entre 1964 y 1982 en Bolivia desaparecieron personas nacionales y extrajeras por razones político-sindicales, las investigaciones no concluyeron.

En 2017 se conformó una Comisión de la Verdad que dependía del Ministerio de Justicia, que tampoco logró su objetivo. “Para nosotras quizá será difícil seguir, pero la lucha va a continuar para los hijos y los nietos que tendrán que seguir exigiendo que se pueda encontrar a los desaparecidos de los distintos regímenes”, dijo Llanos.

Leonardo Benito Peña es hijo de dos de las víctimas de la dictadura que se sufría en esos años, Irene Nélida Peña, de nacionalidad argentina, enfermera de profesión y delegada gremial del Sanatorio Guemes, y del boliviano Cosme Benito, médico y delegado gremial del Hospital Escuela San Martín, ambos militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Relató que sus padres fueron secuestrados el 16 de septiembre de 1976 en su domicilio en Gonzales Chávez 236, en Mataderos, Capital Federal, cuando paramilitares allanaron su domicilio. “Este secuestro fue realizado en el marco del Plan Cóndor, al ser mi padre boliviano, yo tenía un año y ocho meses. Sabemos que los extranjeros o residentes de otros países y sus parejas nacionales eran en principio llevados al campo de concentración de Orletti”, contó.

Elsa Crispín es otra víctima de la dictadura de Banzer. Al ser ella dirigente estudiantil orureña fue perseguida, torturada y encarcelada. Una ley de amnistía permitió su libertad. “Me tocó estar presa en la Dirección de Orden Político, en el anexo del Parlamento, fui torturada. Luego me trasladaron a la localidad de Achocalla y trasladada luego a Viacha con la lucha del pueblo boliviano, por amnistía recuperé mi libertad”, relató.

Tanto Ruth, como Leonardo y Elsa aseguran que en la actualidad se vive una situación similar a la de las dictaduras, cuando la represión, la persecución, la vulneración de derechos erab el común denominador. 

Por su parte, Teresa Subieta representante defensorial de La Paz, recordó que la dictadura de Banzer incluyo en su proyecto a la organización fascista Ejército Cristiano Nacionalista que tomó Santa Cruz y asesinó universitarios, por lo que las nuevas generaciones no deben olvidar el sacrificio de sacerdotes como Mauricio Lefebvre y Luis Espinal, además de Domitila Barrios de Chungara y otros que lucharon por recuperar la democracia de la que ahora se goza en el país.