Abogado Becker de Harvard afirmó que hay prueba suficiente para condenar a Murillo y sospechas para involucrar posiblemente a exministro Fernando López

Thomas Becker, abogado de la Clínica de Derechos Humanos de la universidad de Harvard, dijo que la detención de Murillo por hechos de corrupción muestra que durante el gobierno de facto de Áñez no solamente se cometió violaciones masivas a los derechos humanos y masacres, sino que se incurrió en actos de corrupción mientras la población boliviana sufría las secuelas del COVID-19 y la cuarentena rígida controlada por militares y policías.

Arturo Murillo, exministro de la presidenta de facto, Jeanine Áñez, está detenido en una cárcel de Florida, Estados Unidos. Sobre él, existe prueba suficiente para condenarlo por soborno y lavado de dinero, dijo el abogado estadounidense Thomas Becker, quien sospecha que el próximo en ser detenido puede ser el exministro de Defensa, Luis Fernando López.

Especialista aclaró que la detención y el proceso judicial contra Murillo y varios de sus cómplices en EEUU, fue iniciado por un agente especial de la oficina de Seguridad Nacional y que ahora el caso está en manos de la justicia estadounidense que tiene la potestad de imponer una pena de cárcel de hasta 20 años a Murillo, aunque existe la probabilidad de que el exministro se declare culpable y atenúe su condena.

"La demanda penal (es) contra (Sergio) Méndez, contra Murillo por su papel en el lavado de dinero y soborno. Hay otras personas nombradas: Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld que están aquí. Según la demanda, ha sido una conspiración pagar a Murillo, pagar a Méndez, vender armamentos no letales al Estado de Bolivia", indicó.

Dijo que estas transacciones demostraron que "durante la pandemia han usado dineros de Bolivia, cuando las personas estaban sufriendo, han pagado demasiado para comprar armamento y usaron este armamento contra su propia gente. No se trató de una acción aislada, son varias personas que han cometido estos delitos que son parte de un patrón que pasó durante el gobierno de Áñez: violaciones a los Derechos Humanos, corrupción, soborno, lavado de dinero".

Consultado sobre la ubicación de López, dijo que hay versiones de que pasó por Brasil y que se encuentra en EEUU, pero no hay confirmación.

Becker recordó que las investigaciones mostraron la participación de dos conspiradores: el primero en el Ministerio de Gobierno, es decir, Arturo Murillo; y el segundo conspirador que se desempeñaba en el Ministerio de Defensa. El abogado estadounidense considera que este último involucrado puede ser el exministro de esa cartera de Estado, Luis Fernando López.

"Pero hay otra persona que no ha sido nombrada públicamente, pero es una autoridad de alto nivel del Ministerio de Defensa (…). Mencionaron dos conspiradores, uno de ellos es Murillo y el otro es una persona del Ministerio de Defensa, no sabemos quién es, pero es muy posible que es López, el exministro de Defensa", sostuvo.

Respecto a Murillo, dijo que se encuentra detenido en una prisión de Florida, a la espera de que se le inicie un proceso en el que se tiene que seguir, al menos, las siguientes etapas: primero, se debe reunir un jurado para determinar si existen pruebas mínimas para seguir el juicio. Luego, si se encuentra culpabilidad, la justicia estadounidense permite una negociación, es decir que, si Murillo se declara culpable, podría recibir unos cinco años de cárcel y no los 20 que establece la pena por delitos de lavado de dinero.

El soborno tiene une pena privativa de libertad de 15 años, indicó.

Tras esa negociación, un jurado confirmará la pena de presidio. Sin embargo, Murillo tiene la posibilidad de apelar la determinación. Todo ese proceso judicial podría demorar "un par de años", calculó el abogado Becker.

Sin embargo, el jurisconsulto consideró que hay prueba suficiente para acusar a Murillo. "Hay conversaciones, llamadas por WhatsApp hablando del soborno, hay prueba directa de dinero en sus bancos, entonces yo creo que es un caso muy fuerte (…), hay mucha prueba de delitos y van a ser procesados, yo creo", sostuvo.

El abogado consideró poco probable de que se otorgue una fianza para liberar a Murillo ya que existe el riesgo de fuga.

Respecto al pedido de extradición expresado por algunos dirigentes y políticos de Bolivia, aclaró que la detención de Murillo fue impulsada por la oficina de Seguridad Nacional de EEUU y es por un caso distinto al proceso seguido por la justicia boliviana.

Sin embargo, explicó que las autoridades bolivianas pueden tramitar la extradición de Murillo, pero antes deberán hacer coincidir los tipos penales de la acusación para que se adecúen a la legislación de EEUU.