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Muere Marco Antonio Aramayo exdirector del Fondioc principal denunciante del desfalco millonario a esta entidad trás siete años detenido

Defensoría del Pueblo evidenció la existencia de ?serias violaciones? al debido proceso sobre la situación que atraviesa el exdirector del Fondo Indígena

Estuvo preso siete años y falleció a las 05.40 de este martes Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc), quien fue el principal denunciante del desfalco millonario a esta entidad.

El deceso fue confirmado por su hijo, Caetano Aramayo. “Ha sido un hombre que siempre ha creído en la justicia hasta el último momento y agradecer esa valía de muchas personas que nos apoyaron, solo me queda decir que vamos a seguir con la lucha y el ideal que él tenía, me dejó un legado de no venderme, legado de honestidad y verdad”, afirmó.

Los negociados y la corrupción apuntan a que varias de autoridades y dirigentes indígenas recibieron en sus cuentas personales aproximadamente $us 170 millones del Fondo Indígena en proyectos fantasmas. El caso también incluyó a otras exautoridades, entre ellas a la exministra Nemesia Achachollo, quien, a diferencia del exdirector, fue beneficiada con detención domiciliaria.

El exdirector estaba internado en La Unidad de Terapia Intensiva en el Hospital Municipal de Cotahuma de La Paz. “Sufrió un paro cardio respiratorio según todas las patologías de base que tenía anteriormente (…) tenía una falla multiorgánica”, detalló la directora de ese nosocomio edil, Elba Espejo.

Aramayo fue detenido en 2015 y en 2017 lo sentencian a cinco años de cárcel por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Estaba recluido en el penal de San Pedro de La Paz.

 

Entre tanto Defensoría del Pueblo evidenció la existencia de “serias violaciones” al debido proceso sobre la situación que atraviesa el exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, quien se encuentra en la unidad de terapia intensiva del hospital municipal de Cotahuma en La Paz.

 

El pronunciamiento fue emitido mediante un comunicado donde se cuestionó que los servicios médicos de la Dirección de Régimen Penitenciario no hayan advertido, “oportunamente”, el delicado estado de salud del privado de libertad y “no hayan asumido acciones que eviten el grave deterioro en el que se encuentra actualmente”.

 

“La Defensoría del Pueblo llevó adelante acciones para la investigación de las presuntas vulneraciones a sus derechos humanos, y ha podido evidenciar serias violaciones al debido proceso por la falta de debida diligencia, garantías judiciales y protección judicial en la investigación desarrollada por parte del Ministerio Público y el Órgano Judicial referida a delitos en contra del patrimonio del Estado”, añade.

En el documento expresó su preocupación por la “falta de información precisa reportada, lo que genera una situación de incertidumbre y falta de seguridad jurídica”.

De hecho, hizo mención a que la “gran cantidad de procesos penales” que enfrenta en diferentes distritos judiciales de nuestro país han hecho que su defensa técnica se convierta en una labor “virtualmente imposible de desarrollar”.

Esto debido a que a que “las autoridades estatales se han dedicado a proseguir contra él decenas de procesos que a la fecha aún se desconocen con exactitud y claramente le impiden ejercer su derecho a la defensa de manera efectiva, situación que se ve agravada ahora por su deterioro de salud que pone en riesgo su vida”.

 


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