La Paz 25 de Octubre de 2024, 13:48
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INICIAN JUICIO CONTRA EL SOLDADO BRADLEY MANNING QUE FILTRÓ SECRETOS A WIKILEAKS
El juicio contra el soldado Bradley Manning, acusado de la mayor filtración de documentos clasificados de EE.UU., comenzó hoy tras mil cien días de arresto y una larga fase preparatoria en la cual se intentó extremar el celo para no afectar a la seguridad nacional.
En la primera jornada del juicio formal la fiscalía llamará a testificar a dos investigadores y al compañero de habitación de Manning durante su despliegue en Irak, donde fue detenido en mayo de 2010 tras supuestamente poner a disposición de WikiLeaks centenares de miles de cables del Departamento de Estado y datos de las guerras de Irak y Afganistán. El pasado mes la juez militar Denise Lind cerró año y medio de fase preparatoria del juicio, en la que el soldado Manning se declaró culpable de una decena de los 22 cargos de que se le acusa, los de menor gravedad y que le acarrearía y una pena de 20 años de cárcel.
La fiscalía, que representa al Gobierno de Estados Unidos, buscará en este juicio, que se espera que se prolongue hasta agosto, la pena de cadena perpetua para Manning, por ayuda al enemigo, el cargo más grave al que se enfrenta. Los fiscales, que representan al Gobierno estadounidense, llamarán al estrado a 24 testigos cuyas declaraciones deberán ser protegidas bajo secreto, entre ellos diplomáticos, responsables de inteligencia, militares y otros funcionarios estadounidenses de alto nivel.
La acusación intentará probar que Manning hizo uso inapropiado de información clasificada conscientemente y la puso a disposición de WikiLeaks sabiendo que ponía en riesgo la seguridad nacional y podría ser utilizada por enemigos como la organización terrorista Al Qaeda. Varias decenas de manifestantes se concentraron hoy a las puertas de la base de Fort Meade (Maryland), donde las medidas de seguridad se han extremado, para pedir que se exculpe a Manning y se le premie por haber dado a conocer la realidad de la guerra. El proceso pondrá a prueba la capacidad de las instituciones estadounidenses de garantizar el derecho a la libertad de prensa en un momento en que se cuestiona públicamente el celo de la Administración de Barack Obama por proteger su operaciones encubiertas en la guerra contra el terrorismo internacional.
