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Ministerio Público imputó formalmente a Angélica Sosa, Sandra Velarde, Javier Cedeño por la firma de 1.205 contratos durante el periodo final de su gestión

A la llegada de Jhonny Fernández a la Alcaldía se realizó una auditoría a la gestión municipal de Sosa. En ese momento, agosto de 2021, el alcalde denunció la existencia de estos contratos

 Ministerio Público imputó formalmente a la exalcaldesa Angélica Sosa, por la firma de 1.205 contratos durante el periodo final de su gestión. Estos contratos de tres meses de duración carecían de la documentación de respaldo para identificar a los funcionarios beneficiados. 

En la misma causa también se imputa a Sandra Velarde, exsecretaria de Finanzas, y a Javier Cedeño, exdirector de Recursos Humanos del municipio cruceño. 

De acuerdo a la orden de imputación, los acusados afrontan los delitos de uso indebido de influencias, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, falsedad material y falsedad ideológica.

La directora municipal a.i. de Asuntos jurídicos, Isabel Fernández,  mostró la documentación oficial que respalda las imputaciones mencionadas, documentos referidos, según explica Fernández, corresponden a los contratos firmados por la Alcaldía entre enero y marzo de 2021. Ese periodo correspondía a la etapa final de la gestión de Sosa y coincidió con la campaña electoral para la elección de alcalde. 

En total, suponen 1.205 contratos temporales que no cuentan con la documentación de respaldo. Por ello, la Fiscalía determinó la irregularidad de los mismos y enjuiciará a los tres exfuncionarios.

A la llegada de Jhonny Fernández a la Alcaldía se realizó una auditoría a la gestión municipal de Sosa. En ese momento, agosto de 2021, el alcalde denunció la existencia de estos contratos. 

Sin embargo, en ese momento, el fiscal departamental, Roger Mariaca, consideró que no había materia penal en las denuncias y desestimó el caso. Con la explosión del caso de los ítems fantasmas, la Alcaldía volvió a reclamar por estos contratos.

Desde Asuntos Jurídicos argumentan que el interés de esta demanda se enfoca en resarcir los daños causados al municipio y, espera, se pueda recuperar el dinero. El estimado que realiza la funcionaria considera un daño económico que bordea los Bs 25 millones.


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