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Impuestos Nacionales pide a Luis Fernando Camacho documentación sobre actividades económicas que realizó en 2019 "documentación complementaria" a revisar

Al registrarse una empresa en Bolivia, según el tipo societario y el rubro, adquiere una serie de derechos y obligaciones estipulados en el Código de Comercio y la normativa tributaria. El Código de Comercio en su Artículo 446 establece, en el caso de sociedades por acciones, que es información pública necesaria y que no goza de reserva comercial

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) pidió al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, documentación sobre las actividades económicas que realizó en 2019. La notificación hace referencia a este requerimiento como "documentación complementaria" a revisar, según denunció el exlíder cívico.

Fué asesor jurídico y a la vez accionista del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., y las empresas pertenecientes a esta corporación, Camacho denunció que el Gobierno instrumentaliza a su "brazo represor", el SIN, para concretar la persecución política y judicial. Agregó que estas acciones no lo distraerán en su objetivo de trabajar por la población cruceña y la lucha contra la pandemia. 

"Ahora el régimen del MAS está utilizando su tradicional brazo represor de Impuestos Nacionales para intentar amedrentarnos; pero no lo van a conseguir. Nuestro pueblo conoce la transparencia de nuestras acciones y sabe que nunca transaremos ni nos venderemos ni cederemos a ningún chantaje", escribió en su Facebook.

Notificación detalla que la autoridad electa debe presentar varios documentos de enero a diciembre de hace dos años. Entre estas: planillas de pagos, contratos con clientes por servicios prestados, detalle de activos fijos, libro mayor contable, estados financieros y dictamen de autorías, además de otros.

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No olvidarse, que al registrarse una empresa en Bolivia, según el tipo societario y el rubro, adquiere una serie de derechos y obligaciones estipulados en el Código de Comercio y la normativa tributaria. El Código de Comercio en su Artículo 446 establece, en el caso de sociedades por acciones, que es información pública necesaria y que no goza de reserva comercial: la memoria anual, el balance condensado y estado resumido de resultados, los dividendos y la nómina del directorio, representantes legales, ejecutivos y funcionarios de dichas empresas. Cada transacción, compra o venta que realizamos los ciudadanos comunes dentro de Bolivia pagamos impuestos, y estos impuestos en teoría se destinan a la construcción de escuelas, hospitales, carreteras y otros gastos desde el Estado.

En cambio, los paraísos fiscales no tienen estos requisitos, no hacen públicos los datos, sino que garantizan la reserva y la total confidencialidad, pero al de reservar los datos acerca de quiénes son dueños de una empresa y cuánto gana esta, sirven para eludir las obligaciones tributarias. La Red de Justicia Tributaria establece como característica principal de los paraísos fiscales la confidencialidad, estos territorios o países cuentan con resguardos fuertes del secreto bancario y de la constitución legal de empresas, fundaciones, corporaciones, fondos y otras entidades. Se complementa el resguardo de la confidencialidad generalmente con exenciones de impuestos o impuestos muy bajos para empresas de origen extranjero. Esta red internacional en 2005 identificó un total de 69 paraísos fiscales (entre países, territorios y ciudades) que cumplen con estas características.

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Al contar con una empresa registrada en un paraíso fiscal y sus correspondientes cuentas bancarias, se logra eludir el control del Estado de origen, no se declaran los estados financieros ni las utilidades, por lo tanto no se pagan impuestos. Pero es más, la composición accionaria, el directorio y los ejecutivos de la empresa en el paraíso fiscal tampoco son públicos, por lo general el rol de agente o intermediario de la empresa lo asume un despacho especializado como Mossack Fonseca & Co., de esa forma se garantizaba una reserva total de la identidad los titulares de la empresa.

En 2016 estalló un escándalo mediático mundial conocido como los papeles de Panamá (Panama Papers), por la filtración de más de 11,5 millones de registros legales y financieros ligando a conocidos empresarios, políticos y otros personajes públicos de todo el mundo a empresas panameñas. Posteriormente salieron a luz documentos de las Bahamas y de Jersey (una isla dependiente del Reino Unido), que ampliaron más aún la información en torno al manejo económico en paraísos fiscales, entre los implicados de estos documentos se encuentra la empresa Oderbrecht.

Cuando el escándalo de Panama Papers resonaba en la prensa mundial, en Bolivia se conformó una Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para investigar el alcance de estos documentos en nuestro país. La Comisión Especial Mixta presentó un informe al Parlamento en 2017, que involucraba a 360 empresas y 198 personas naturales, además envió una propuesta de Ley de Lucha Contra el Uso de Paraísos Fiscales al pleno de la ALP, esta propuesta no fue aprobada. Es decir, en Bolivia no existe una normativa actualizada que permita combatir el uso de paraísos fiscales por decisión de los parlamentarios de la gestión 2015-2020.

El nombre de Luis Fernando Camacho Vaca figura ligado a tres empresas panameñas en los papeles de Panamá. La primera, Medis Overseas Corp, que maneja junto a su medio hermano José Luis Camacho Miserendino, según los documentos en 2015 pasó a ser inactivada por deuda no cumplida. La segunda, se llama Positive Real Estates SA, empresa que cuenta con registros en Panamá pero que no se encuentra ninguna actividad productiva o de servicios en ese país, por lo que es razonable presumir que funciona como empresa fantasma (shell company). La tercera es la más llamativa, Navi International Holding SA, pues aquí se encuentran una serie de coincidencias en tanto Navi es la misma sigla que maneja el Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida SA (empresa boliviana, accionista de empresas como Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas SA, Nacional Seguros Vida y Salud SA, TECORP, CONECTA, Xperience SA, Clínica de las Américas y la paraguaya Fenix Seguros); se suma a esta coincidencia la lista de accionistas y directivos, de los 31 nombres que figuran en los papeles de Panamá todos son accionistas o directivos del Grupo Empresarial Nacional Vida o sus filiales. Cabe preguntar ¿qué actividades realizan el grupo Nacional Vida en Panamá? Tampoco se encuentra ningún producto o servicio ofrecido por este grupo empresarial allí.

Si bien algunos de los nombres de operadores de los paraísos fiscales se han filtrado, no se conoce la envergadura de los dineros fugados, y por tanto de los impuestos evadidos. Para Álvaro García Linera, quienes evaden impuestos mediante paraísos fiscales deberían gozar de una “amnistía” al repatriar sus capitales (Nodal, 23/10/2020). Los parlamentarios de 2015-2020 parecen coincidir en la pasividad del Estado frente a este delito tan dañino, ya que archivaron la propuesta de Ley que buscaba evitar el uso de paraísos fiscales. Otro informe parlamentario acerca de delitos económicos que cae a saco roto. De esa forma, legitiman una doble moral en la que los ciudadanos comunes debemos pagar impuestos de cada una de nuestras transacciones, mientras los grandes empresarios se quedan impunes con su dinero en paraísos fiscales. Se suma a esta impunidad la blandura de la Ley de Impuestos sobre las Grandes Fortunas, que convenientemente se olvida de mencionar las ganancias escondidas en paraísos fiscales, dando una salida muy fácil a aquellos multimillonarios que desean evadir otro impuesto más.

Cuando Luis Fernando Camacho hizo alarde de sus empresas en Panamá lo que se le olvidó decir es que cada dólar que tiene guardado en cuentas secretas extranjeras a nombre de sus empresas fantasma en Panamá es un dólar sobre el que no tributa en Bolivia, cada transacción financiera que realiza bajo los rótulos comerciales panameños es una transacción que evade el control de la ley boliviana. La legalidad o no de estas acciones debe ser determinada por las autoridades competentes a la luz de la realidad mundial, pero lo que no está en tela de juicio es la ética de quién las realiza y las justifica. Al evadir impuestos en Bolivia, Camacho y sus socios se apropian de los recursos que legítimamente corresponden al pueblo boliviano y debieran ser invertidos en las escuelas, hospitales, viviendas sociales, entre tantas otras necesidades que tenemos.


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