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Siete Senadores de EEUU denuncian venganza y prorroguismo de la presidenta Jeanine Añez

Legisladores todos demócratas opositores al gobierno estadounidense hicieron la denuncia en una extensa carta dirigida al secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, divulgada este martes por la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW)

“Estamos cada vez más alarmados por el creciente número de violaciones de derechos humanos y la restricción de derechos civiles realizados por el gobierno interino de Bolivia”, dice la nota, reproducida íntegramente en el sitio web de la Red Andina de Información (AIN, en inglés).

Según el texto, esas violaciones “comenzaron poco después de que el gobierno interino encabezado por Jeanine Áñez llegara al poder en noviembre pasado, cuando (el hasta entonces presidente) Evo Morales renunció en medio de protestas generalizadas y la presión de las fuerzas armadas”.

Los legisladores, todos demócratas -opositores al gobierno estadounidense-, hicieron la denuncia en una extensa carta dirigida al secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, divulgada esta tarde por la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW).

Senadores de EEUU denuncian venganza y prorroguismo de Añez

Siete senadores norteamericanos, demócratas, enviaron este martes 7 de julio, una carta al Secretario de Estado de los EEUU (Canciller), Michael Pompeo, alertando sobre la violación de derechos humanos y el prorroguismo del régimen boliviano presidido por Jeanine Añez y solicitando que haga las gestiones para garantizar la realización de eleciones libres y sin persecución a opositores el 6 de septiembre próximo.

Agrega que “los informes de abusos se han acelerado recientemente con acciones enmarcadas como respuestas a la pandemia de Covid-19 que se usan para intimidar y socavar a los adversarios políticos del gobierno interino” con vista a las elecciones generales del 6 de septiembre próximo.

Los senadores describieron entre esos supuestos abusos “el uso de autoridades interinas para perpetuarse en el poder”, “acciones militares para intimidar al parlamento” y “represión violenta e impunidad justo después de tomar el poder”.

También afirmaron que detectaron “violaciones contra las libertades civiles realizadas bajo el pretexto de la crisis Covid-19”, así como el “tratamiento injusto y peligroso de personas privadas de libertad en medio de la pandemia”.

Los firmantes -Christopher Murphy, Patrick Leahy, Benjamin Cardin, Tim Kaine, Bernie Sanders, Chris van Hollen y Edward Markey- dijeron que temían que los derechos civiles sigan “siendo debilitados” y se ponga “en peligro la legitimidad de las próximas elecciones, pidieron a Pompeo “información adicional” sobre las medidas que el Ejecutivo “está tomando para presionar al gobierno interino de Bolivia sobre estos asuntos”.

Siete senadores de EEUU afirman que el Gobierno de Bolivia comete violaciones a DDHH

«De manera preocupante, el gobierno interino encabezado por Áñez ha excedido el papel que debía tener como custodio provisional. Ha buscado vengarse contra opositores políticos y perpetuarse en el poder. Luego de asumir el poder, Áñez prometió que no se postularía a la presidencia, pero se desdijo al poco tiempo e inició una campaña para la presidencia, empeorando la polarización en Bolivia e incrementando los riesgos de un conflicto político renovado y más violencia» dice uno de los párrafos de la misiva publicada por la agencia de noticias Andean Infonet.

Está firmada por los senadores: Christopher Murphy, Patrick Leahy, Benjamin Cardio, Tim Kaine, Bernar Sanders, Chris Van Hollen, Eduar Maiky.

Respecto a la violación de los derechos humanos en el régimen de Añez, sostienen: «Las protestas que siguieron fueron manejadas con acciones represivas que resultaron en la muerte de 36 personas, 833 heridas y 1.504 detenidas por las fuerzas militares y policiales. En los pueblos de Senkata y Sacaba, en episodios caracterizados como masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se cree que las Fuerzas Armadas mataron a 20 personas. La mayoría de estos actos se llevaron a cabo bajo un decreto presidencial (luego rescindido por Áñez bajo presión) efectivamente concediendo inmunidad a los miembros de las fuerzas del orden que participaron en la redada». 


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