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Comité Contra la Tortura CAT cuestiona juicios por sedición y terrorismo en Bolivia, Jeanine Áñez por deslindar a los militares de la responsabilidad penal por la represión contra la población en noviembre de 2019

Relator Chairperson Heller aseguró que Hubo racismo, "pititas" financiaron paramilitares y se usó la Biblia y la religión como justificativo de la "causa divina de su movimiento contra el presidente Evo Morales"

Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó en las últimas horas su cuestionamiento respecto a que Jeanine Áñez sea juzgada por los delitos de sedición y terrorismo; no obstante, también observó el accionar de la exmandataria, sobre todo por deslindar a los militares de la responsabilidad penal por la represión contra la población en noviembre de 2019.

Por un lado, el relator del Comité Contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés), Chairperson Heller, expresó ayer, jueves, su preocupación por las acusaciones de sedición y terrorismo en contra de la expresidenta Jeanine Áñez. Dijo que estos tipos penales en la legislación boliviana son “vagos y abstractos” y “no se adecuan al principio de la legalidad”.

Heller señaló que, en el contexto de polarización y confrontación política en 2019, se recurrió a las acusaciones de delitos de sedición y terrorismo de funcionarios gubernamentales, presuntamente cometidos antes y después de la renuncia del expresidente Evo Morales.

Estas figuras penales fueron utilizadas en el gobierno Transitorio de Áñez y se usan actualmente en el gobierno de Luis Arce en el caso denominado “golpe de Estado”.

“Llama la atención que los mismos cargos de terrorismo y de sedición hayan sido levantados en contra de la expresidenta Jeanine Áñez, una vez que asumió el gobierno el presidente Luis Arce”, afirmó.

La instrumentalización política del sistema de justicia, dijo Heller, vulneró su independencia, y la injerencia política se tradujo en “procesos abusivos en el uso de imputaciones infundadas o desproporcionadas, en detenciones arbitrarias de líderes políticos”.

Al respecto, el viceministro de Justicia, César Siles, afirmó que actualmente la exmandataria no está detenida preventivamente por los delitos de terrorismo ni sedición, sino por el caso ‘Golpe II’.

“Actualmente la señora Jeanine Áñez no está siendo detenida preventivamente por ambos delitos (terrorismo y sedición),  al contrario su actual acusación, pronto juicio oral que vamos a presentar por el caso denominado ‘golpe II’ , es por los delitos de corrupción de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y el delito de incumplimiento de deberes”, afirmó.

En la sesión del Comité Contra la Tortura (CAT), el relator Chairperson Heller, aseguró que la en la crisis de 2019 en Bolivia se dio acciones de racismo y discriminación, quema de la wiphala en “un acto de venganza e incitación al odio” y financiamiento de los “pititas” a grupos paramilitares que actuaron en “cooperación de elementos de las fuerzas de seguridad”.

Dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la CAT expresó en la sesión de Ginebra, Suiza, que en la crisis de 2019, principalmente en los cabildos, se “usó la Biblia y la religión” como justificativo de la “causa divina de su movimiento contra el presidente Evo Morales”, quien dimitió el 10 de noviembre de ese año.

“Los hechos de discriminación racial se expresaron en acciones conjuntas de militares y policías, y la represión y el lenguaje racista, y antindígena se dirigieron en contra de la población movilizada, que en su mayoría era indígena, obrera y campesina, tal como ocurrió en Betanzos, Yapacaní, Montero, Sacaba y Senkata. La gran mayoría de las personas heridas, asesinadas o detenidas desde el 10 de noviembre pertenecía a este segmento de la población”, rememoró Heller.

Es más, denunció que desde “la propia presidencia interina (de Jeanine Áñez) se expresaron discursos racista y de discriminación en contra de los pueblos indígenas recogidos en redes sociales, pretendiendo restaurar el protagonismo del catolicismo en la vida pública”.

La protesta cívica liderada por Luis Fernando Camacho, alentada por denuncias de fraude electoral, el motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión derivaron en la dimisión de Morales. Camacho llegó hasta Palacio de Gobierno con una biblia en la mano y manejando el discurso de que Dios volvió.

Como resultado de una reunión extralegislativa convocada por la Iglesia Católica y la Unión Europea, representes del movimiento cívico y líderes políticos decidieron que la entonces senadora de oposición Áñez tome el poder. Como lo hizo Camacho, Áñez entró al Palacio de Gobierno con una biblia en la mano.

“Los ataques físicos, amenazas, insultos y malos tratos a mujeres indígenas por grupos organizados acompañados por expresiones de intolerancia relacionado con su etnicidad y filiación política proliferaron”, denunció Heller y recordó que se estigmatizó “a la población indígena, campesina y rural en situación de pobreza y tez morena, que lo identificaban como el MAS”.

“En una muestra de intolerancia cultural y falta de respeto por los símbolos indígenas la wiphala que es una bandera indígena esgrimida como identificación y protesta fue removida de instituciones públicas e incendiada en un acta de venganza e incitación al odio”, denunció respecto a hechos como el que policías arrancaron de sus uniformes este símbolo.

También mencionó a la Resistencia Juvenil Cochala (RCJ) y la calificó como un grupo paraestatal que operó en la crisis de 2019 y de forma posterior. “Estos grupos paramilitares estuvieron financiados por los denominados pititas, personas de clase media alta, y con la cooperación de elementos de las fuerzas de seguridad”.

El viceministro de Justicia, César Siles, estuvo en presente en la sesión y corroboró que durante y posterior a la crisis de 2019 recrudecieron las acciones de intolerancia, de racismo y discriminación.


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