Cabildo de Santa Cruz acepta censo el 23 marzo de 2024 pero exigen que DS 4824 se eleve a rango de ley

23 días de paro cívico en Santa Cruz generaron más de 720 millones de dólares en pérdidas por la paralización de las principales actividades económicas en la región y sus repercusiones en los demás departamentos. Los sectores de recursos medios y escasos fueron los más afectados por esta medida.

El paro también tuvo como consecuencias al menos cuatro fallecidos como parte de la inseguridad ciudadana en los puntos de bloqueo, por enfrentamientos entre quienes están a favor y en contra y accidentes fatales por cierre de vías con cables: un fallecido en Puerto Quijarro, un mototaxista decapitado por un cable, y otro fallecido en atropello y uno muy grave en un punto de vigilia por un presunto crimen de odio, además de hechos como una violación grupal y decenas de casos de extorsión a los conductores en puestos de control ilegales.

La fuerza pública de Santa Cruz informó que investiga además al menos una docena de casos de lesiones graves y gravísimas entre quienes están a favor y contra del paro económico.

Finalmente,Cabildo cruceño determinó este domingo extender el paro por 72 horas a la espera que en el ámbito de la Asamblea Legislativa se eleve a rango de ley del Estado el Decreto Supremo 4824 que establece la fecha del Censo de Población y Vivienda para el 23 de marzo de 2024 y la redistribución de recursos por coparticipación para septiembre del mismo año.

El cabildo planteó también que la distribución de recursos se ejecute con los resultados finales, y no preliminares, del censo y que la nueva cartografía y nuevas circunscripciones electorales se apliquen en las elecciones generales de 2025.

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, informó horas antes del cabildo que el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE,) remitirá los resultados del Censo hasta diciembre del 2024 al Tribunal Supremo Electoral para que, de acuerdo a sus competencias y atribuciones, proceda a la redistribución de escaños parlamentarios.

El presidente cívico Rómulo Calvo conminó a los otros departamentos, a través de un video pregrabado, “sumarse” a la lucha por el Censo o de lo contrario, dijo, los movilizados cruceños tomarán sus propias decisiones.

Ataques de discriminación y racismo también se hicieron presentes con la expulsión y destrucción de viviendas del pueblo ayoreo, en el municipio de Concepción, por protestar en contra del paro cívico. Y el viernes con el ataque y quema a la sede de la federación de campesinos en la ciudad de Santa Cruz, que también afectó a la sede de la Central Obrera Departamental (COD).

Otra exigencia del cabildo, expuesta por Calvo, fue que en 72 horas se libere a los 20 detenidos por la fuerza pública durante las jornadas de protesta en la ciudad. “Su libertad (de los detenidos) es un requisito indispensable para la conclusión de este proceso”, argumentó el cívico en el video.

Cabildo concluye con amagues de enfrentamiento, caos, confusión y molestia contra Cívicos

Luego que se difundiera el mensaje grabado del presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien aceptaba que el censo de población y vivienda se realice el 23 de marzo del 2024, se desató el caos y la confusión en el cabildo cruceño.

Gran parte de los manifestantes indignada señalaba a los cívicos como "traidores" tras pedir que el Decreto Supremo (DS) 4824 promulgado por el Gobierno y que garantiza la realización del censo para el 23 de marzo del 2024 se eleve a ley.

Los unionistas y los cívicos protagonizaron amagues de enfrentamiento en inmediaciones del monumento Cristo Redentor en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“¡Nadie se vende, nadie se cansa!, ¡vendidos!, traidores, ¡Cuidado el pueblo está e……! fueron algunos cruces de estribillos de la población, los unionistas mostraron su molestia contra los cívicos a quienes los tildaron de traidores.

“Estoy molesta con el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz (…) estoy 23 días no fueron en vano”, manifestaba una joven.

Pese a que durante el cabildo se quedó en mantener el paro y dar un plazo de 72 horas para que el DS sea convierta en una ley, y que los detenidos durante los conflictos sean liberados entre otras determinaciones la multitud de unionistas protagonizaron protestas exigiendo que el pedido de censo 2023 se mantenga.

Con amenazas una turba de unionistas se trasladó a la casa del cívico para exigir ser escuchados.