La Paz 27 de Abril de 2024, 15:26
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Cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja Lozada declaró y la Fiscalía decidió acusarlo por dos delitos penales y pasa la noche en celdas policiales
Pareja envió a la canciller Karen Longaric, horas antes de concretarse la compra, una reporte sobre lo actuado y donde habla de una oferta con menor precio al de la intermediaria IME Consulting, que compró los equipos de la fábrica GPAinnova
Cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja Lozada, sobre la compra de respiradores con denuncias de sobreprecio. La Fiscalía decidió acusarlo por dos delitos penales y pasará la noche en celdas policiales a la espera de la audiencia en la que se definirá si se defiende en libertad o desde la cárcel.
Llegó en los últimos días desde Barcelona, como consecuencia de una citación hecha por la Fiscalía y viabilizada por la Cancillería. Se conoce, que el diplomático se encargó de verificar la existencia y el transporte de los equipos cuestionados y que no son utilizados.
Es acusado por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. Desde las primeras horas de la tarde prestó declaraciones sobre su accionar en este caso y cerca de las 23.00 fue sacado de las oficinas de la Fiscalía rumbo a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Su abogado, Luis Fernando Roca, cuestionó la decisión fiscal y aseguró que su cliente solo cumplió con sus obligaciones y que no tiene nada que ver en la compra de los equipos españoles. Pareja envió a la canciller Karen Longaric, horas antes de concretarse la compra, una reporte sobre lo actuado y donde habla de una oferta con menor precio al de la intermediaria IME Consulting, que compró los equipos de la fábrica GPAinnova.
Longaric explicó que esa carta no se le entregó y que el personal que no cumplió con esa tarea fue sancionado. El cónsul prestó un informe a la Cancillería y fue citado en calidad de testigo por la Fiscalía.
Roca denunció que de forma sorpresiva la Fiscalía cambió la figura legal de su cliente de “testigo ha sindicado”. Cada equipo se compró a $us 28.080, cuando los precios de la fábrica, de la española GPAinnova, son de $us 6.540. El Gobierno decidió no pagar el 50% restante por la contratación y a los respiradores no se les da uso por el conflicto presente.
El exministro de Salud Marcelo Navajas, el exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela; el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento (AISEM), Geovanni Pacheco; y Luis Fernando Humérez, denominado como el “testigo clave” del caso, fueron enviados a la cárcel. Navajas se encuentra internado en una clínica. Roca aseguró que su cliente sigue siendo cónsul. Pareja permanecerá esta noche en celdas policiales a la espera de la audiencia de medidas cautelares, donde se definirá si se defiende en la cárcel o en libertad.
