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Jeanine Áñez es juzgada en la vía ordinaria por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución pero aún no por masacres en Sacaba y Senkata

El 11 de noviembre del 2019 las Fuerzas Armadas salen a las calles para neutralizar en operativos conjuntos con la Policía a "grupos vandálicos que causan terror en la población", el comandante de la institución armada, general Williams Kaliman, dice que la Policía fue rebasada

 Jeanine Áñez es juzgada en la vía ordinaria por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

Se prevé que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz en la audiencia del lunes 6 de junio escuche los alegatos finales de las partes y dicte sentencia.

Gloria Quisberth, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, dijo en una entrevista con ABI en abril pasado que lamentaba que Áñez aún no fuera juzgada por los sucesos violentos ocurridos en noviembre de 2019, que dejaron en el país al menos 36 muertos por armas de fuego, cientos de heridos y detenidos.

Los fallecimientos se produjeron en protestas callejeras que reprimieron las fuerzas de seguridad del Estado.

Protestas y masacres

Tras las elecciones del 20 de octubre de 2019, las protestas escalaron cada día en Bolivia. Fueron jornadas que convulsionaron el país. La situación se agravó con la sublevación de la Policía y la irrupción de las Fuerzas Armadas al pedir públicamente la renuncia del presidente constitucional Evo Morales.

Ante un supuesto fraude electoral, organizaciones ciudadanas convocaron a un paro indefinido con bloqueos y marchas, que derivaron en enfrentamientos, disturbios y represión policial con varios heridos.

Ante las acusaciones de fraude, el presidente Morales denunció que la oposición estaba gestando un "golpe de Estado" y llamó a los ciudadanos y bases políticas a "defender la democracia".

30 de octubre

Las protestas se tornaron cada día más violentas. Pero el 30 de octubre, tienen un punto de inflexión que será una constante hasta el 20 de noviembre.

Esa jornada, en un choque de oficialistas y opositores, fallecen dos personas en el municipio de Montero, a 60 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

A Marcelo Terrazas, de 48 años, y Mario Salvatierra, de 60 años, les disparan, se desangran y mueren.

Se agudiza el conflicto y se torna más violento. El paro indefinido vuelca a la ciudadanía a las calles. Unos rechazan los resultados del verificativo electoral, que dieron ganador a Morales, otros apoyan al Gobierno central.

3 de noviembre

El ultracatólico y radical Fernando Camacho, entonces presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, convoca a los militares y a la Policía a "ponerse del lado de la gente".

6 de noviembre

Grupos de manifestantes a favor y en contra del Gobierno continuaron con el enfrentamiento diario en distintas ciudades del país, lo que provocó la tercera muerte tras el estallido del conflicto, la de Limberth Guzmán, de 20 años.

La directora del Hospital Viedma, Daysi Rocabado, informó el fallecimiento de Limbert Guzmán Vásquez, quien quedó con una muerte cerebral como resultado de hechos violentos en el puente Huayculi, del municipio de Quillacollo, a 13 km de la ciudad de Cochabamba.

8 de noviembre

Tres unidades policiales se amotinaron en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. A lo largo de la noche y durante la madrugada del siguiente día, el motín se extendió al resto de los departamentos de Bolivia. El Gobierno descartó una operación militar contra los sublevados.

10 de noviembre

Evo Morales renuncia a su cargo. La Policía sigue amotinada.

11 de noviembre

Las Fuerzas Armadas salen a las calles para neutralizar en operativos conjuntos con la Policía a “grupos vandálicos que causan terror en la población”. El comandante de la institución armada, general Williams Kaliman, dice que la Policía fue rebasada.

Se quemaron vehículos en la Estación Policial Integral (EPI) del Sur de la capital cochabambina. En El Alto se saqueó el Comando Regional y quemó la FELCC de la Ceja.

En la zona sur, sector Pedregal de La Paz, fallecieron Percy Romer Conde Noguera de 32 años y Paulino Arumi Condori Beltrán de 21 años, a causa de traumatismo tórax abdominal penetrante por proyectil de arma de fuego.

12 de noviembre

Filemón Soria Díaz de 45 años de edad, fue encontrado maniatado de manos y pies por inmediaciones del hospital de la zona sur en Cochabamba, sector Tamborani B, cuya causa de su muerte fue por estrangulamiento a lazo.

El comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), teniente coronel Heyber Yamil Antelo Alarcón, murió como consecuencia de un trauma abdominal cerrado a consecuencia de un hecho de tránsito, ocurrido en La Paz.

15 de noviembre

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el “uso desproporcionado” de la fuerza en la muerte de cinco cocaleros en Cochabamba. La CIDH colgó un video que muestra a las víctimas que yacen sobre una frazada en el piso.

Miles de cocaleros pretendieron ingresar a la ciudad de Cochabamba. La movilización fue interceptada en el río Huayllani, cerca de Sacaba, donde hubo una refriega en la que murieron esas cinco personas, además resultaron heridas 26 personas y otras 169, detenidas, según un informe de la Defensoría del Pueblo.

18 de noviembre

El comandante regional de El Alto, Iván Rojas, informaba que el sargento Juan José Alcón Parra falleció en el Hospital Obrero.

Paralelamente, el informe forense da cuenta que disparos de ‘armas largas’ mataron a nueve cocaleros en Sacaba.

19 de noviembre

Sube a 11 el número de muertos en Senkata y el ministro Arturo Murillo asegura que de las Fuerzas Armadas “no salió ni un solo proyectil”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la primera entidad en investigar los sucesos, consideró que lo ocurrido en Sacaba y Senkata fueron masacres.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó, tras la investigación de una misión de observación de tres semanas en el país, que el gobierno de Áñez incurrió en “graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas de noviembre de 2019 en el barrio alteño de Senkata y en Sacaba, Cochabamba.

Amnistía Internacional, por su lado, denunció “impunidad” tras el uso “excesivo e innecesario” de fuerzas del Estado contra las protestas que se opusieron a la asunción Áñez a la Presidencia y que dejaron al menos 36 muertos por amas de fuego.

Mac/Emv


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