Gobierno de Jeanine Áñez decidió por decreto la utilización del crédito de $us 327 millones proveniente del FMI a pesar que no aprobó el Legislativo de Bolivia

De acuerdo al reporte del Índice Global de la Actividad Económica (IGAE), publicado en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística (INE), todos los sectores, a excepción de la agropecuaria, comunicaciones y servicios de la administración pública, han registrado un decrecimiento.

Los sectores que más se han contraído son minería (-1,62%), transporte y almacenamiento (-1,22), industria manufacturera (-1,02), comercio (-0,95%) y construcción (-0,51%). El IGAE es un indicador que posibilita a los ciudadanos e inversionistas conocer la evolución del sector real de la economía y está estrechamente relacionado con el Producto Interno Bruto (PIB). El IGAE es un indicador de periodicidad mensual y el PIB se calcula con una periodicidad trimestral.

El Instituto Nacional de Estadistica INE señala en el informe mensual del IGAE que “debido a la complejidad en la recolección de información generada por la pandemia del COVID-19, la serie del IGAE estará sujeta a actualizaciones”.

Para el cuarto mes del año, actividad económica en el país ha decrecido un 5,6%, confirmando las proyecciones de los organismos internacionales sobre una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del país,  el Fondo Monetario Internacional (FMI) había proyectado que la retracción de la economía boliviana en 2020 sería de un 2,9% del PIB, mientras que para el Banco Mundial (BM) llegaría a 3,4%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en tanto, había pronosticado una contracción económica del 3%.

El 8 de junio, el Banco Mundial modificó su proyección inicial y vaticinó para este año una brutal contracción de 5,9% del PIB de Bolivia, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus o COVID-19.

La Razón publicó el 25 de mayo que, de enero a marzo de este año, la economía boliviana se ha ido desacelerando hasta alcanzar una expansión de solo 0,55%. También se informó que, a este ritmo, era probable que en abril, cuando la economía boliviana estaba prácticamente paralizada debido a la emergencia sanitaria y a la cuarentena decretada por el Gobierno para hacer frente a la COVID-19, Bolivia haya ingresado a una contracción de su PIB.

En el tema del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Jeanine Áñez decidió por decreto la utilización del crédito de $us 327 millones proveniente del Fondo Monetario Internacional (FMI) para “cubrir las urgentes necesidades fiscales y de balanza de pagos, asociadas con el aumento del gasto en salud y el deterioro de los términos de intercambio, producto del brote del COVID-19.

“El presente Decreto Supremo tiene por objeto disponer la transferencia de los recursos de la asistencia otorgada bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido – IFR del Fondo Monetario Internacional – FMI, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como apoyo presupuestario para el Tesoro General de la Nación – TGN”, refiere el artículo 1 del decreto 4277 aprobado este viernes.

La Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados rechazó el 20 de junio el proyecto de ley que aprueba el crédito externo del FMI por falta de documentación de respaldo, aunque el viceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink, reveló en ese sesión que los recursos del FMI ya están siendo utilizados en varios ítems para cubrir “el hueco financiero” ocasionado por la pandemia del Coronavirus.

Y según el decreto firmado por Áñez y su gabinete se cumplió con la “formalidad establecida en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado” que hace a la atribución del Legislativo de “Aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado y autorizar a las universidades la contratación de empréstitos”,

El artículo 2 del decreto establece: “Cumplida la formalidad establecida en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se dispone la transferencia de los recursos de la asistencia otorgada bajo el IFR del FMI, por DEG240.100.000 (DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CIEN MIL 00/100 DERECHOS ESPECIALES DE GIRO) al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como apoyo presupuestario para el TGN, destinados para cubrir las urgentes necesidades fiscales y de balanza de pagos, asociadas con el aumento del gasto en salud y el deterioro de los términos de intercambio, producto del brote del Coronavirus (COVID-19)”.

Esos fondos suman $us 327 millones y, de acuerdo a uno de los considerandos de la norma, se hace “necesario disponer la transferencia de los recursos de la asistencia otorgada por el FMI, bajo el IFR, a favor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como apoyo presupuestario para el Tesoro General de la Nación – TGN”.

«El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante Resolución Ministerial, aprobará las condiciones para la utilización de los recursos de la asistencia otorgada bajo el IFR del FMI», establece el parágrafo II del artículo 2.

 El asambleísta del Movimiento al Socialismo (MAS) y vicepresidente de la Cámara de Senadores, Omar Aguilar, requirió el 20 de junio del Gobierno el contrato del crédito de $us 327 millones, porque solo con esto se podrá considerar la aprobación del proyecto de ley que lo viabilizará.

“Le decimos de la manera más clara y sincera al Ejecutivo: mientras no presenten su documentación (del crédito del FMI), la Asamblea Legislativa Plurinacional no puede aprobar por responsabilidad y cumplimiento del (artículo) 322 de la Constitución”, advirtió el asambleísta en esa oportunidad. De acuerdo a las normas vigentes, los créditos requieren ser aprobados por ley.