La Paz 27 de Abril de 2024, 10:01
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Racismo, discriminación y violencia marcan el paro cívico de Camacho y Calvo
El mismo 22, inicio del paro, fue asesinado a golpes en Puerto Quijarro una persona que rechazaba el paro. No solo eso, también los grupos violentes le exigen al alcalde Luis Chamby renunciar a su cargo
El racismo, la discriminación y la violencia recrudecieron en Santa Cruz, en lo que va del paro cívico convocado por el gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo, actores también de la crisis de 2019. Uno de los últimos hechos se dio en Concepción, donde gente vinculada a los cívicos agredió a indígenas ayoreos y los amenazó con su expulsión del municipio.
Miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), brazo operativo y paraestatal del Comité pro Santa Cruz, atacan y generan enfrentamientos con sectores sociales que se oponen al paro cívico, como lo que ocurrió en el Plan 3.000, bastión de gente opuesta a las acciones de los cívicos.
La noche del viernes, al menos 50 personas relacionadas con los cívicos y Camacho se trasladaron hasta la sede sindical de las Mujeres Bartolina Sisa y arrojaron con bolsas de basura a las mujeres que se encontraban descansando en la puerta de la vivienda.
El mismo 22, inicio del paro, fue asesinado a golpes en Puerto Quijarro una persona que rechazaba el paro. No solo eso, también los grupos violentes le exigen al alcalde Luis Chamby renunciar a su cargo.
En la capital cruceña otra persona quedó en estado de coma, como consecuencia de la golpiza que le propinaron cuando intentaba cruzar un punto de bloqueo con rumbo a su casa. La economía de Santa Cruz está siendo severamente golpeada por el paro indefinido, aunque el mayor peso está sobre las familias más humiles que viven del día a día.
Se trata de una violencia organizada, similar a la que los grupos de poder cruceños ejecutaron en el “golpe prefectural” del 2008, que terminó con la expulsión del embajador de EEUU en La Paz Philip Goldberg y un revocatorio que ganó el entonces presidente Evo Morales, y el golpe de noviembre de 2019, con el saldo de muertos, heridos, secuestros, torturas y la quema de casas de quienes consideraban sus enemigos y “masistas”, sobre todo, dirigentes sociales, ministros y legisladores.
En redes sociales se puede observar un video en el que se ve al subgobernador Daniel Velásquez –designado por Camacho- pasearse amenazante por las calles bloqueadas y con un látigo con puntas de clavos, en un intento por levantar la protesta de indígenas en rechazo al paro cívico. En un cabildo, los citadinos decidieron la expulsión de la población ayorea de persistir en lo que consideran actos vandálicos, bloqueo contra el paro.
Las organizaciones populares y de naciones originarias como los ayoreos y guarayo se vieron obligadas a adoptar medidas de protección frente a los ataques de los “unionistas”, como el de anoche cuando interrumpieron la paz en el Plan 3000, en donde Camacho pretendía instalar un “cabildo”, por demás provocador.
A pesar de que el Encuentro Plurinacional determino por amplia mayoría, con aprobación de los gobernadores, alcaldes municipales, rectores de universidades públicas y autonomías indígenas originarias campesinas, someter a un estudio técnico la fecha de la realización del Censo Nacional, Población y Vivienda, y su inmediata aplicación a la redistribución de recursos económico en el mismo año, los cívicos intentan por la fuerza imponer al resto del país su posición de “Censo 2023, si o si”.
