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Mauricio Macri procesado por supuestamente haber ordenado espiar ilegalmente a familiares de los 44 marinos fallecidos

Para Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los tripulantes fallecidos, el fallo del juez "es contundente, muy claro, muy preciso"

Mauricio Macri fue acusado de realizar «acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, haber generado las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenado y utilizado datos sobre personas», según el fallo de 174 páginas del juez federal Martín Bava.

Expresidente de Argentina (2015-2019) fue procesado por supuestamente haber ordenado espiar ilegalmente, cuando era jefe de Estado, a familiares de los 44 marinos fallecidos en el hundimiento del submarino militar ARA San Juan en 2017, resolvió este miércoles el juez a cargo de la investigación.

Expresidente y principal líder de la oposición de centro-derecha en Argentina enfrentará el proceso en libertad, pero el juez prohibió su salida del país y le embargó 100 millones de pesos (unos 943.000 dólares al cambio del día), de acuerdo a la resolución. «He dicho que es una persecución política que termina en esto que ya todos sabíamos», reaccionó Macri ante la prensa en Chile, donde se encontraba al enterarse de su procesamiento, durante una visita en su calidad de presidente de la Fundación Fifa.

Para Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los tripulantes fallecidos, el fallo del juez «es contundente, muy claro, muy preciso». «Siento mucho cansancio, estoy agotado, son cuatro años de lucha y todavía nos queda mucho camino por delante. Es un paso importante que dimos, pero falta mucho todavía», expresó Tagliapietra a la AFP.

El exmandatario argentino anticipó que apelará la decisión del juez de Dolores (200 km al sur) ante la Cámara Federal de Mar del Plata. Al ser convocado a declaración indagatoria, el pasado 3 de noviembre, Macri se negó a responder preguntas y se limitó a defender su inocencia en un escrito presentado ante el juez, a quien había intentado, sin éxito, recusar en dos ocasiones.

«No espié a nadie, yo nunca mandé en mi gobierno espiar a nadie. Jamás vi ningún informe de ningún familiar del ARA San Juan ni de ningún otro buque», dijo Macri en el escrito.

La querella sostiene que los familiares de los militares fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan fueron objeto de escuchas telefónicas y otras interceptaciones por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el año en que buscaron conocer la suerte de la embarcación y de los marinos.

Durante el gobierno de Macri «nos han mentido desde el primer día sobre lo que ocurrió con nuestros hijos. Nos han demonizado, nos han atacado, nos han espiado. Esa red de espionaje fue muy completa, nos han infiltrado, seguido, filmado, fotografiado. Las peores prácticas de la represión ilegal, salvo la violencia física», afirmó Tagliapietra.

El submarino ARA San Juan, un TR-1700 de fabricación alemana con 66 metros de eslora, desapareció en noviembre de 2017 con 44 personas a bordo cuando hacía el trayecto de Ushuaia (3.200 km al sur) al de Mar del Plata (400 km al sur de Buenos Aires).

La nave hundida fue hallada un año más tarde, a 900 metros de profundidad, con ayuda de las marinas de otros países. La querella sostiene que el lugar del hundimiento había sido detectado mucho antes.

En su fallo, el juez consideró que a «tenor de la información reunida, la intencionalidad expresa y la sistematicidad de los documentos analizados en esta causa, permiten afirmar que esa producción de inteligencia ilegal tenía un destinatario: Mauricio Macri».

«En todos los documentos se ve la matriz ideológica y la causa motivacional que llevó a la AFI a producir esa información», añadió.

Macri es el doceavo procesado en esta causa, por la que también están imputados los entonces jefes de los servicios de inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

«Con la cantidad de procesados que hay, nosotros vamos a solicitar que se agrave la figura a asociación ilícita y con ella pedir la prisión preventiva de los procesados», anticipó Tagliapietra.


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