La Paz 16 de Abril de 2024, 13:12
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Ministra Mendoza 300.000 personas se movilizarán para operar el Censo de Población y Vivienda 2022 que tiene rango de prioridad nacional
El Censo tiene un avance de planificación del 95% a un costo de 67.4 millones de dólares, a lo que se debe sumar otros 600 mil dólares para las auditorías del censo
Ministra de Planificación del Desarrollo Gabriela Mendoza informó que al menos unas 300.000 personas se movilizarán para operar el Censo de Población y Vivienda 2022, que tiene rango de prioridad nacional para que las instituciones del gobierno central puedan colaborar en la ejecución.
Dijo que el gobierno garantizó recursos económicos de manera interna, en tanto se avance con el financiamiento externo que ya fue concretado y que en los próximos días será enviado a consideración de la Asamblea Legislativa.
Ratificó que el Censo tiene un avance de planificación del 95% a un costo de 67.4 millones de dólares, a lo que se debe sumar otros 600 mil dólares para las auditorías del censo, gastos del censo y comisiones de evaluación que están previstos desde ahora.
Destacó que el Censo es importante porque permite ver las condiciones de salud, vivienda y educación y es el instrumento que ayuda a orientar las políticas públicas y por eso es un trabajo técnico que servirá para destinar la inversión pública desde el gobierno central para cubrir las necesidades de la población.
Precisó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará con 26.4 millones de dólares y el FONPLATA con un equivalente a 40 millones de dólares y el aporte directo del Tesoro General del Estado estará en el orden de 1.6 millones de dólares.
La autoridad explicó que el Censo del año 2012 costó entre 55 y 56 millones de dólares y para este año se incrementó entre unos 10 a 12 millones por el cronograma bastante acelerado, tomando en cuenta que la planificación de un censo dura entre 5 a 6 años.
La autoridad manifestó que la planificación ha tenido el acompañamiento de comisiones del más alto nivel presidido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Fondo de Población de las Naciones Unidas para garantizar el mecanismo de transparencia e idoneidad.
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