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Ya paso un mes de los casos de pederastia en la Iglesia Católica en Bolivia, las investigaciones involucran a los tres poderes del Estado y toca al Vaticano

Para coadyuvar a esclarecer estos hechos, el presidente Luis Arce le pidió, a través de una carta, al papa Francisco acceso de la Justicia a los archivos de casos de pederastia cometidos en Bolivia

Mientras sus ojos pimponean entre la cámara y un texto que están casi juntos, el orador, con un mostacho al estilo mexicano, habla del “modelo educativo Juan XXIII”, sonríe y se declara “satisfecho” de haber estudiado en las “aulas del Juancho”.

Funge el rol de presentador del “Conversatorio Colegio Juan XXIII”, publicado en la cuenta en YouTube de la Compañía de Jesús (Jesuitas Bolivia) en mayo de 2022, hace ya un año.

En el registro, de poco más de 55 minutos, abundan los elogios al Colegio Juan XXIII, fundado en 1964 en La Paz, trasladado 1967 a Cochabamba y que en 1972 pasó a administración de la Compañía de Jesús.

Luis Carrasco Pacello, presentado en el video como director general, relata que en 1972 Fe y Alegría firmó un contrato con los jesuitas para “encomendar la dirección y administración del colegio” a la Compañía de Jesús.

“En esta etapa son directores generales del colegio los jesuitas Pedro Basiana (1972-1976); Alfonso Pedrajas (1976-1988); Carlos Villamil (1988-1992); Francisco Pifarre (1992-1995) y Antonio Menacho (1996-2003)”, dice Carrasco Pacello, quien se declara laico.

En la postal, Pedrajas aparece con unos ojos distraídos, detrás de unos lentes de marcos gruesos, luciendo su esponjoso bigote y sonriente. Al costado izquierdo de la foto, sobre su suéter café claro, alguien ha escrito su apodo con el que varias de sus víctimas lo recuerdan: ‘Pica’.

Pedrajas llegó a Bolivia en 1961. Dio clases en tres colegios paceños: San Calixto (diurno y nocturno) y otro establecimiento de Fe y Alegría en la zona de Pura Pura. En ese barrio compartía una modesta vivienda con Pedro Basiana, sacerdote jesuita reconocido en Bolivia.

En 1972, bajo la dirección de Basiana, Pedrajas comenzó a trabajar a tiempo completo en el Colegio – internado- Juan XXIII de Cochabamba. Era el subdirector del establecimiento que acogía a estudiantes con altos coeficientes intelectuales.

Cuando Basiana murió, ‘Pica’ asumió la dirección y, por ende, el poder total del colegio. Decidía quien se quedaba o se iba de lo que él mismo bautizó como la “pequeña nueva Bolivia”, un microestado.

Con ese manto de poder y la complicidad de sus superiores, Pedrajas cometió decenas de abusos a menores de edad que él mismo confesó en un diario secreto que fue entregado por su sobrino, Fernando, al diario El País de España y divulgado en primera plana el 30 de abril, hace ya un mes.

La publicación obligó a los jesuitas a reconocer el daño, pedir perdón y abrir una investigación por todos los casos acontecidos en el colegio.

Sumando los religiosos acusados en el Juan XXIII, ya son nueve los jesuitas (siete españoles) señalados de pederastia desde los años sesenta que han salido a la luz el último mes, señala El País en una nota firmada por Julio Núñez, el periodista que reconstruyó el caso de ‘Pica’ a partir del diario y testimonios de las víctimas.

Una de las víctimas de ‘Pica’, quien se metía por las noches a los dormitorios de los estudiantes y los agredía con impunidad, señaló que el jesuita español fallecido en 2009 “era un encantador de serpientes, un manipulador”.

“Este sitio fue mi hogar, y a mis compañeros les tengo un gran cariño. Eran como hermanos. Ahora mi percepción del Juan XXIII ha cambiado. Siento que esto fue el holocausto de la pederastia”, relató la víctima a El País.

Cuando los estudiantes se cansaron de los abusos de Pedrajas, contó otra víctima al rotativo español, se propusieron elaborar una carta de denuncia, pero el plan se frustró. Pedrajas se enteró de la intención y llamó a sus promotores a una reunión. Tanto Aldo como Bautista – cita El País, recuerdan que Pica se echó a llorar y a pedir perdón por lo que hacía.

“Nos dijo que se había enterado de lo de la carta, de que la queríamos mandar a Europa (a los superiores de la Compañía) y nos pidió que por favor no lo hiciéramos. Que él sabía que tenía ese problema, que no había podido controlarse, que a él de pequeño también lo habían violado.... Nos convenció y nos fuimos. No sabíamos que era un monstruo”, relató Aldo.

Meses después, cuentan estos alumnos, Pedrajas “consiguió expulsarlos a todos, uno a uno, del colegio”, salvo a Aldo y a quien le pasó la información de la carta.

‘Pica’ abandonó el colegio en 1989 y Carlos Villamil, conocido como ‘Vicu’ se quedó como director en su lugar. Según las propias confesiones de Pedrajas, él abusó de por lo menos 85 menores de edad, la mayoría en el Colegio Juan XXIII.

Pero él no fue el único. Villamil, fallecido en enero de este año, también fue acusado de violar y abusar de niños y adolescentes, no sólo del Colegio Juan XXIII, sino también del Hogar de Niños Huérfanos de Tacata, en Cochabamba.

Un testigo contó que vio a Carlos Villamil “teniendo relaciones sexuales con una estudiante de 17 años” en el gallinero del colegio. El 16 de mayo, la Compañía de Jesús indicó en un comunicado que “hasta la fecha” no recibió ninguna denuncia directa de víctimas de Villamil.

A este jesuita se suma Francesc Peris, apodado ‘Chesco’, quien al igual que Vicu, abusada de estudiantes del Juan XXIII, y que tenía antecedentes de hechos similares en un colegio de los jesuitas en Barcelona, España, por cuya razón fue enviado a Bolivia.

Conocido popularmente entre sus alumnos como "Sex Penis", porque era vox populi su conocida afición depravada, el jesuita, al igual que ‘Pica’, se metía a la cama de los estudiantes para abusarlos.

Y la nómina va en ascenso: Luis María Roma Padrosa (+) abusó de al menos una veintena de niños y niñas de Charagua, Santa Cruz. El cura tenía un archivo de fotos y videos de sus crímenes; Francisco Pifarré, ‘Pifa’, exdirector del internado Juan XXIII y también exdirector general de Fe y Alegría en Bolivia, está entre los acusados; Alejandro Mestre (+), quien fue Arzobispo Coadjutor en La Paz y Obispo Auxiliar de Sucre, fue acusado de violación en 2021, pero recién hace un par de semanas el caso llegó al Ministerio Público.

Algo similar sucedió con el jesuita Jorge Vila Despujol (+). El jueves 25 de mayo, se presentó una denuncia en el Ministerio Público en Cochabamba contra el jesuita, fallecido en Barcelona en 2012, quien habría realizado toques impúdicos a la persona denunciante cuando tenía 13 años, al principio de la década de los 90, en una unidad educativa de la ciudad de Cochabamba donde el sacerdote colaboraba. Vila fue fundador de Defensa de Niños y Niñas Internacional en Bolivia (DNI-Bolivia).

a la lista se suman el sacerdote carmelita Milton Murillo, quien fue aprehendido en Tarija, investigado por el abuso sexual a varios seminaristas, y enviado con detención preventiva al penal de Morros Blancos por tres meses. Su compañero de orden Garvin Grech, que fue imputado por encubrimiento de abuso sexual, huyó a Argentina, según informes policiales.

De acuerdo con el registro que lleva el procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, “ya habrían sumado 200 víctimas, cuando menos, en diferentes casos denunciados” sobre abusos sexual y violación que involucran a sacerdotes de la Iglesia Católica.

Para esclarecer estas denuncias, el Gobierno nacional elaboró el proyecto de ley de lucha contra la impunidad de delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa establece que son “imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena, los delitos previstos en el Título XI Delitos Contra la Libertad Sexual del Código Penal, elevado a rango de Ley por Ley 1768, de 10 de marzo de 1997, cuyas víctimas sean infantes, niñas, niños y adolescentes”.

Con el propósito de investigar estos ilícitos, se plantea la conformación de la Comisión de la Verdad, que estará integrada por los ministerios de la Presidencia, Justicia y Transparencia Institucional y Gobierno; los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia; el presidente del Consejo de la Magistratura; el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional; el Fiscal General del Estado; el Procurador General del Estado y el Defensor del Pueblo.

Para coadyuvar a esclarecer estos hechos, el presidente Luis Arce le pidió, a través de una carta, al papa Francisco acceso de la Justicia a los archivos de casos de pederastia cometidos en Bolivia.

“Sabedores que la Iglesia Católica, bajo su conducción, ha realizado investigaciones sobre hechos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes en diferentes latitudes del mundo, que tienen identificados casos y presuntos autores, pido a usted que la Justicia boliviana pueda acceder a todos los archivos, expedientes e información referente a estas denuncias y hechos de abuso sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos católicos en territorio boliviano”, cita parte de la carta fechada el 22 de mayo.

En otra parte de la misiva, calificó los hechos de “delitos deplorables y aberrantes” y denunció que “fueron ocultos durante años, tiempo que transcurrió en aparente normalidad por el silencio cómplice de la estructura eclesial local, que encubrió los mismos con una inaceptable indiferencia e indolencia”.

En ese contexto, también le solicitó al papa Francisco “la revisión conjunta, con nuestro Gobierno Nacional, de los antecedentes de los sacerdotes católicos extranjeros que actualmente se encuentran en el Estado Plurinacional de Bolivia, pues ningún sacerdote con antecedentes de abusos sexuales contra la niñez y adolescencia debe estar desempeñándose como educador o guía espiritual en nuestro país”.

“El Estado boliviano se reserva el derecho de admitir el ingreso de nuevos sacerdotes y religiosos extranjeros a territorio nacional que tengan estos antecedentes de abuso sexual contra menores, entretanto se proceda con la revisión de los acuerdos y convenios vigentes, y se concluya la negociación del ‘Acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Santa Sede’ que, además, deberá incluir recaudos para que no se repitan los hechos que motivan esta nota”, enfatizó Arce en la carta.

La molestia ciudadana por estos hechos también se sintió en las calles. El jueves 25 de mayo, activistas salieron en marchas de protesta en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba en demanda de justicia y apoyo a las víctimas de pederastia por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica.

Un día después, el viernes, la Comisión de Constitución de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños y adolescentes y da paso a la creación de la Comisión de la Verdad para investigar los casos de pederastia que involucra a religiosos.


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