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"No son perseguidos políticos, son investigados por corrupción y las masacres de 2019" confirmo Ministro de Justicia, Iván Lima

"Si esos 200 ciudadanos, como alega Carlos Mesa, deben ser amnistiados, nos está planteando expresamente ir en contra del documento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (?) Hay un mandato internacional para investigar estos graves hechos, por eso no se puede dar amnistía a estas personas", indicó Lima

Lista de 200 presuntos “perseguidos políticos” que fue presentada por el jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, no es seria, ni está “apegada a la verdad”, porque en ella se contempla a personas que son investigadas por corrupción y por las masacres de Senkata y Sacaba indicó el ministro de Justicia, Iván Lima.

Explicó que en ese listado están personas que deben responder ante la justicia por graves vulneraciones a los derechos humanos, hechos de corrupción y otros casos que no deberían ser considerados de persecución política.

“Si esos 200 ciudadanos, como alega Carlos Mesa, deben ser amnistiados, nos está planteando expresamente ir en contra del documento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (…) Hay un mandato internacional para investigar estos graves hechos, por eso no se puede dar amnistía a estas personas”, indicó Lima.

Lima mencionó que esa lista puede ser categorizada en tres grupos, el primero por graves vulneraciones a los derechos humanos con 88 casos, donde por ejemplo son investigados policías y militares por las masacres de noviembre de 2019, está la toma violenta y posterior quema de la sede de Adepcoca de Villa El Carmen, entre otras.

“Lo que están pidiendo al pueblo boliviano es que salgan a defender a quienes han matado, a quienes han masacrado en Sacaba y Senkata, a quienes han robado a la población y el arañazo entre diputados, es eso lo que están presentando como una lista de perseguidos políticos y ese es el nivel de seriedad de la oposición boliviana”, remarcó.

En tanto, en una segunda categoría, están 55 casos de corrupción, entre ellos, la acusación de Luis Fernando Camacho en contra de Rubén Costas y Roly Aguilera por asuntos propios de la gobernación de Santa Cruz.

En un tercer grupo, se cuenta con 30 acusaciones varias, entre ellas la del diputado Héctor Arce contra la diputada Tatiana Añez por agresiones físicas.


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