La Paz 18 de Abril de 2024, 22:27
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Autorización edil para edificios en La Paz, son de riesgo mayor, inestabilidad de los suelos y construcciones señaló el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia SIB Raúl Daza
"Antes de pensar en ampliaciones de zonas para construcciones más elevadas, se debería evaluar la capacidad de los servicios básicos para enfrentar ese tipo de cambio", dijo Daza
Inestabilidad del suelo, colapso de la red de agua y alcantarillado, vías que no podrán ser ampliadas, falta de infraestructura pública y conos de sombra dañinos, son cinco riesgos que los especialistas advierten si se consolida la autorización de construcciones de hasta 40 pisos, en el municipio de La Paz.
Según los expertos, la norma que modifica los parámetros de edificación de 10 sectores de la urbe aumentará la vulnerabilidad de zonas que ya viven con amenazas de deslizamientos o falta de servicios.
“Esta ordenanza municipal es inhumana. No podemos creer que cinco concejales la hayan aprobado sin pedir un informe técnico, económico, social y de servicios”, dijo el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción, Luis Bustillo.
El 9 de septiembre, el Concejo Municipal de La Paz aprobó una Ordenanza Municipal que modifica los parámetros de edificación de 10 sectores de la urbe. La norma abre la posibilidad de construir edificios sin restricción de pisos y sin prever retiros, áreas verdes o parqueos.
Los cambios afectan a: los alrededores la plaza Villarroel; Calacoto y San Miguel; Irpavi y Achumani; Obrajes; la “macrozona Llojeta”, La Florida y El Gramadal; Achumani; Costanera y la avenida Muñoz Reyes; la plaza Uyuni y el mercado Yungas; y el ingreso a Mallasilla.
“El riesgo mayor está en la inestabilidad de los suelos y las construcciones”, señaló el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Raúl Daza. Explicó que la ordenanza modifica las cartillas LUSU (Ley municipal de Uso de Suelos Urbanos) de Llojeta o Achumani, donde hay terrenos poco estables. Lo mismo pasa en Mallasa e Irpavi.
La construcción de edificaciones de más de 20 pisos, en estos lugares, aumenta la vulnerabilidad de la población, ya que no hay garantías. Lo más probable es que haya deslizamientos.
Pero además, las zonas que se pretenden actualizar, se encuentran permanentemente amenazadas por inundaciones, escasez de recursos hídricos y otros eventos externos por las altas o las bajas temperaturas.
Bustillo añadió que esto se debe a que la norma no toma en cuenta el mapa de riesgos vigente. Aclaró que si bien es hora de su actualización, esto debe hacerse mediante un trabajo técnico multisectorial. No solo deben realizarse estudios de suelos, sino de temas económicos y sociales.
“El 99% de las zonas no están preparadas para seguir construyendo edificios de gran altura”, dijo Daza.
Para él, el problema radica en la capacidad del sistema sanitario. Por ejemplo, la red de alcantarillado data de hace 30 a 40 años, sus tuberías fueron calculadas para captar las aguas residuales de las áreas residenciales. Pero, esas mismas tuberías tendrán que atender la descarga de edificios de 30 a 40 pisos.
“Eso en un punto va a colapsar. Es algo que debe planificarse, con todos los sectores involucrados”, insistió Daza. El presidente del Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz, Henry Colpari, acotó que este punto es uno de los más preocupantes, ya que no es un riesgo que pueda darse, sino un problema que ya existe.
“El problema es grave. Las redes de agua potable están reventando por todo lado. Estamos en una situación muy difícil”, advirtió.
Vías que no podrán ampliase
La norma libera a las construcciones de prever retiros hacia la calle, en sus diseños. Esto dejará a las vías públicas sin aire para una posterior expansión.
Es decir, las calles paceñas no tendrán hacia donde crecer y por tanto no se ampliarán. La urbe se convertirá en una ciudad inviable, caótica, con viviendas hacinadas, sin luz natural y sin ninguna posibilidad de mejorar las vías o planificar viaductos.
Pero no es el único problema. La norma deja como opcional la construcción de parqueos. Sin estos espacios, cientos de vehículos serán parqueados en la calle, lo que causará congestión y el colapso de las vías.
Infraestructura insuficiente
Un auge en la construcción implica un aumento de la densidad poblacional. La nueva carga de habitantes no llega sola, sino con una alta demanda de servicios básicos e infraestructura, que no se refieren solo a la red de agua potable y el alcantarillado.
Se debe cubrir redes de energía eléctrica, conexiones de internet, gas domiciliario, centros de salud, centros educativos, transporte, mercados, etc.
“Antes de pensar en ampliaciones de zonas para construcciones más elevadas, se debería evaluar la capacidad de los servicios básicos para enfrentar ese tipo de cambio”, dijo Daza.
Ciudades sin sol
Actualmente la altura de las construcciones es determinada por el tipo de suelo y el ancho de las vías. En avenidas principales, por tener un mayor ancho, se permite una elevación superior a las áreas residenciales.
Empero, la ordenanza aprobada no toma en cuenta estas proporciones. Al contrario, permitirá levantar edificios de gran altura, incluso en las calles en las que el ancho es de ocho metros.
Si a esto se suma que no están obligados a de dejar retiros, los edificios estarán pegados unos a otros, formando grandes y densos bloques de cemento que impedirán un buen “asoleamiento y ventilación”.
Como resultado se generarán conos de sombra, muy dañinos para el ambiente. Sin sol, las áreas verdes, que además ya no serán obligatorias, no lograran sobrevivir. Bajo estas características, no hay garantía de una buena calidad de vida para los paceños.
“El riesgo mayor está en la inestabilidad de los suelos y en las construcciones que se levanten en ellos”.
Raúl Daza, SIB.
99% de zonas paceñas no están preparadas para que se siga construyendo a gran altura, afirmó Daza.
La norma y 5 vicios
Proyecto • Cinco anomalías fueron identificadas en la realización y tratamiento del proyecto de ordenanza municipal, que pretende modificar los parámetros de edificación en 10 cartillas de la LUSU del municipio de La Paz.
Primero • El reglamento interno del Concejo Municipal señala que toda propuesta de ordenanza debe contar con informes técnicos, legales, financieros y sociales. Sin embargo, la propuesta en cuestión carecía de estos documentos, pese a la importancia del tema.
Segundo • Los anexos del documento no cuentan con la firma de la concejala proyectista, cuando el reglamento exige esta condición. Además, el documento escaneado que se ingresó al pleno estaba incompleto. Faltaban páginas, lo que pone en duda que haya habido una revisión completa. No se hizo ninguna alerta.
Tercero • El proyecto de ordenanza no fue leído en correspondencia del pleno, como indica la norma, en ningún momento. Al no seguir los procedimientos, la propuesta no fue derivada a una comisión para su análisis. Por este motivo el informe de la propuesta no es de la comisión, sino solo del asesor que lo hizo.
Cuarto • La Ley Municipal 198 de Centralidades Urbanas establece que la competencia del ajuste normativo, de los patrones de asentamiento y parámetros de edificación, es del Órgano Ejecutivo. La norma pasó por encima de esta ley y ni siquiera consultó a esta entidad para realizar la propuesta.
Quinto • La concejala Yelka Maric explicó que la aprobación se hizo con el voto de cinco concejales, el reglamento interno dispone que en el caso de los proyectos de ordenanza es necesario la mayoría absoluta, es decir seis.
¿Una ayuda para los que no pasaron la regularización? En su artículo noveno, la cuestionada ordenanza edil establece un carácter retroactivo, que a decir de los especialistas es incomprensible e urbanísticamente ilegal.
Expertos señalan que se podría pensar que se quiere beneficiar a empresas y personas específicas, que pese a acogerse a la regularización continúan infringiendo la norma. “Ya lo han dicho autoridades departamentales, parecería que esta norma les estuviera cayendo como anillo al dedo a ciertas construcciones. Esperemos que no sea así, pero no se puede sumar esto a la regularización, lo que esta mal está mal, tenemos que vivir en norma”, manifestó el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción, Luis Bustillo.
La presidenta del Concejo, Yelcka Maric, dijo que hay al menos cinco vicios en la ordenanza; aunque prefirió no emitir opinión sobre el trasfondo de esta situación.
El artículo observado señala: “Los trámites iniciados con número de registro en el Sitram activo con anteriores normativas, las construcciones ejecutadas y/o en curso podrán solicitar su adecuación a la normativa aprobada a través de la presente ordenanza municipal”.
Previa a la regularización de las construcciones, a principios de este año, los vecinos de diferentes barrios de la zona Sur denunciaron la construcción indiscriminada de grandes edificaciones sin autorización del municipio y muy por encima del número de plantas permitidas por la norma LUSU.
Entre los polémicos proyectos están Las Loritas, Bengala y Youths. Los tres son propiedad de dos miembros de la familia Lora Seoane. En enero de este año, Página Siete investigó la situación en la que se construían 10 de los edificios Loritas.
Aunque el gerente de la empresa negó que sus construcciones sean ilegales, confirmó que solo uno contaba con un permiso edil para un número de pisos menor al que estaba construyendo. Afirmó que seis de estas edificaciones estaban ingresando al proceso de regularización.
