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CIDH recomienda al Gobierno nacional adoptar una norma sobre distribución de la publicidad oficial integral sin discriminación

Bolivia no cuenta con una norma respecto a la pauta publicitaria oficial que distribuye el Gobierno central y los gobiernos subnacionales

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Gobierno adoptar una norma integral de distribución de la publicidad oficial, sin discriminación y sin interferencia en las políticas editoriales de los medios de comunicación, dice una de las recomendaciones del organismo en su informe: «Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia».

Realizó cinco recomendaciones al Estado boliviano respecto a los medios de comunicación y a la libertad de expresión. “Adoptar un marco normativo integral sobre la distribución de la publicidad oficial, sin discriminación y sin interferencia en las políticas editoriales de los medios, y que incentive a los medios de comunicación que sean independientes de la política de publicidad oficial del Estado”.

Bolivia no cuenta con una norma respecto a la pauta publicitaria oficial que distribuye el Gobierno central y los gobiernos subnacionales.

Desde hace años, varios medios de comunicación y las asociaciones periodísticas han denunciado que la publicidad se usa para incidir en la línea editorial y como un factor de “castigo” a los medios críticos e independientes del poder estatal.

Plantea adecuar el derecho para que la protección al honor y a la reputación no ocurra por medio del derecho penal, que, garantizando la libertad de expresión y de prensa, las eventuales responsabilidades ulteriores a la libertad de expresión transcurran en otro ámbito jurídico, distinto al criminal.

Plantea diseñar e implementar un plan de estímulo para que los medios de comunicación adopten, voluntariamente, medidas dirigidas a su autorregulación, como son los códigos de ética, la formación de consejos de prensa, la adopción de principios para una cobertura ética, los sistemas de reclamación, entre otros.

Recomienda diseñar e implementar una campaña pública de información sobre el respeto a la legitimidad e independencia de la labor periodística, como una manera de fortalecer el Estado de Derecho y la confianza ciudadana en la institucionalidad democrática.

También pide “Adoptar una ley para garantizar el derecho al acceso a la información, que vincule a todos los órganos del Estado en todos sus niveles de su organización”. El país es uno de los pocos en la región que no cuenta con una normativa de esta índole.

 


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