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CIDH condena actos violentos que se dieron en Santa Cruz y ve con preocupación amenazas a medios de comunicación

Comisión reafirmó su compromiso con el monitoreo de la situación de derechos humanos en Bolivia, labor que incluye la comunicación con todos los actores de la sociedad boliviana, en su pluralidad

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron los actos de violencia desatados desde el 28 de diciembre en Santa Cruz, tras la detención del excívico Luis Fernando Camacho, y expresaron su preocupación por las amenazas contra medios de comunicación.

En un documento de prensa titulado “Protestas en Bolivia: CIDH y RELE monitorean la situación en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia”, hicieron conocer que se “ve con preocupación las amenazas de grupos violentos a personas defensoras de derechos humanos y a miembros de medios de comunicación a través de las redes sociales”.

Apoyado en datos del Gobierno, dan cuenta que “ha tomado conocimiento de diversas acciones violentas cometidas por grupos organizados contra bienes públicos y privados, incluyendo la casa de un Ministro de Estado”.

En el informe detalla daños en 44 vehículos y 27 infraestructuras, incluyendo incendios de instituciones estatales, así como intentos de toma de instalaciones policiales. Por esos hechos fueron detenidas 76 personas, de las que 24 aceptaron su culpa y fueron sentenciadas

Tras la detención de Camacho, el 28 de diciembre por el caso Golpe de Estado I, grupos violentos vinculados al Comité pro Santa Cruz y a la paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC) tomaron aeropuertos como el internacional Viru Viru y saquearon e incendiaron edificios como de la Fiscalía, de Impuestos y del Banco Unión. Intentaron por varis noches tomar cfon violencia el edificio del Comando de la Policía, lo que activó la acción policial.

La Comisión reafirmó su compromiso con el monitoreo de la situación de derechos humanos en Bolivia, labor que incluye la comunicación con todos los actores de la sociedad boliviana, en su pluralidad.

“Asimismo, la CIDH ve con preocupación las amenazas de grupos violentos a personas defensoras de derechos humanos y a miembros de medios de comunicación a través de las redes sociales. Esta situación genera una vulneración grave a la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, con consecuencias perjudiciales para el ejercicio de estas actividades”, expresó el organismo internacional.

Entre los periodistas afectados están los trabajadores de medios estatales Bolivia Tv y Patria Nueva, además de los trabajadores de radios indígena originarios. Los periodistas de Bolivia Tv suspendieron emisiones desde hace más de 10 días debido a las amenazas a su integridad física que reciben de los grupos violentos.

Trabajadores de los medios estatales realizaron el lunes un plantón frente a las oficinas de la Asociación Nacional de Periodista, porque esta institución no se pronunció por las agresiones que sufrieron.

“La CIDH expresa su firme condena a todo tipo violencia y rechaza de manera enfática tanto las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, como los actos violentos cometidos por grupos organizados en el marco de las protestas en los últimos días”, afirmó el organismo.

También convocó a “todas las personas con liderazgos políticos, incluyendo quienes ejercen la función pública, personas?candidatas, líderes, y titulares de cargos?de partidos políticos, (que) deben utilizar sus posiciones de liderazgo para contrarrestar la violencia y promover el entendimiento intercultural y el respeto a la diversidad”, porque “la violencia puede ser acentuada o exacerbada por discursos públicos de intolerancia por parte de altas autoridades y otros liderazgos políticos”.

Además, anunciaron que harán “un seguimiento cercano a los procesos judiciales en los que se enmarcan las detenciones realizadas, con el objetivo de monitorear el respeto irrestricto relativos a las garantías judiciales, el debido proceso, la protección judicial y el acceso a la justicia, acorde con los estándares interamericanos”.


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