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Al menos cuatro comités cívicos se desmarcaron de la convocatoria y otras organizaciones anunciaron que no apoyarán la medida lo que hace prever un fracaso en opinión del analista Emilio Rodas

Tanto Rivera como Aguirre explicaron que no fueron tomados en cuenta en esa determinación. Incluso el cívico cochabambino acusó a Calvo de convocar a otros dirigentes para decir que el Comité de Cochabamba lo estaba apoyando

No pasaron ni tres días del anuncio del cabildo nacional del 25 de enero, que a la fecha al menos cuatro comités cívicos se desmarcaron de la convocatoria y otras organizaciones anunciaron que no apoyarán la medida lo que hace prever un fracaso en opinión del analista Emilio Rodas.

Fue el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien, ante el fracaso de los bloqueos para lograr la liberación del encarcelado Luis Fernando Camacho y que solo cercaron a la región, decidió como un “último aleteo” convocar a los dirigentes de los comités cívicos y a algunas plataformas de La Paz y de Cochabamba para hacer la apuesta mayor convocando a un cabildo nacional para el 25 de enero.

Confiado en el respaldo de sus trece acompañantes, de los cuales solo cuatro eran mujeres, Calvo afirmó el lunes 17 de enero que el cabildo nacional contará con el apoyo de los nueves comités cívicos y las plataformas para revertir la detención de Camacho, quien confesó que su padre “cerró” con los policías y militares para que en noviembre de 2019 no salgan a reprimir las protestas y en cambio sugieran la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

Un día después del anuncio y mientras el Comité Pro Santa Cruz empezaba a planificar el cabildo, los presidentes de los comités cívicos de Cochabamba, Apolinar Rivero, y de Chuquisaca, Wilmar Aguirre, descartaron la participación de sus departamentos en esa concentración que se iniciará en horas de la tarde del próximo miércoles.

Desde su visión, es la oposición boliviana la que pretende articularse a través de los comités cívicos con consignas político partidarias. “La justicia si es un tema nacional que se tiene que poner en agenda, pero la metodología de cabildo nacional nunca se vio y no sabemos cómo van a hacer para el momento de las preguntas y decidir, aunque legalmente los cabildos no tienen carácter vinculante sino de sugerencia”, aclaró el analista.

Tanto Rivera como Aguirre explicaron que no fueron tomados en cuenta en esa determinación. Incluso el cívico cochabambino acusó a Calvo de convocar a otros dirigentes para decir que el Comité de Cochabamba lo estaba apoyando.

“Respetamos las iniciativas ciudadanas y de las plataformas, pero no pueden imponernos determinaciones”, afirmó Rivero al rechazar el llamado del cívico cruceño. A ese desbande se sumó este miércoles el Comité Cívico de La Paz. El cívico Flavio Chacón alegó que la movilización tiene claros tintes político partidarios.

“Nosotros, como institución cívica departamental, no nos vamos a prestar a este tipo de acciones que atentan contra la democracia. Esos señores (del Comité Pro Santa Cruz) deberían evaluar qué han hecho durante los 36 días de paro indefinido, por qué han atentado los derechos de los ciudadanos; han castigado a todo el pueblo cruceño”, criticó.

En sintonía, el presidente del Comité Cívico de Oruro, Cecilio Pérez, afirmó que “no serán parte del cabildo” porque que la exigencia de liberación de Camacho es “un problema político”. “El gobernador de Santa Cruz ha tenido que ver en los conflictivos de 2019 y de los 36 días de paro”, justificó.

Al igual que los cívicos de estas cuatro regiones, la Asociación de Municipalidades de Pando (Amdepando) anticipó que no participarán del cabildo “porque responde a intereses personales” y menos aún se sumarán a medidas que vayan a perjudicar el desarrollo del departamento.

A la par, la entidad reafirmó el apoyo al presidente Luis Arce frente a las protestas violentas que se registraron en Santa Cruz, entre el 28 de diciembre de 2022 y el 5 de enero de este año por la liberación del excívico.

En esas protestas los inmuebles de al menos 28 entidades públicas fueron atacados, entre ellas de la Fiscalía, del Servicio de Impuestos Nacionales y del Banco Unión; además de la casa del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, y la Clínica Odontológica Orest, de propiedad del gobernador de Beni, Alejandro Unzueta.

Desde Tarija, la Federación de Juntas Vecinales también rechazó la convocatoria del Comité cruceño. El presidente de la Fejuve, Andrés Paco, repudió también la decisión del alcalde Johnny Torres Terzo de sumarse a la convocatoria de Calvo, como ya lo hizo con la marcha del 10 de enero.

Lamentó que Torres, en lugar de trabajar por el municipio, que quedó muy afectado por las obras millonarias e inconclusas que dejó el exedil Rodrigo Paz Pereira, opte por hacer política para apoyar a sus aliados.

“Pedimos al señor alcalde que reflexione y también que trabaje por los barrios, que no vaya a llamar al cabildo, creo que la justicia tiene derecho de resolver los problemas desde otro punto de vista y no es el momento para llamar a cabildos y perjudicar a la gente”, indicó, según un reporte de Bolivia TV.

En tanto, la presidenta del Comité Cívico Popular Nacional, Roxana Molina, indicó que no participarán del cabildo porque no fueron invitados y no tiene un objetivo de desarrollo económico que beneficie al pueblo boliviano.

Ante estas disidencias, el analista político Emilio Rodas vaticinó que el cabildo de los cívicos será solamente con participación de sus adeptos y partidarios. “Intentarán poner en agenda temas de justicia, derechos humanos, pero en realidad el trasfondo es político, no tienen moral para hablar de ello”, opinó.


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