170 militares combatirá el contrabando de combustible en municipios fronterizos con Brasil, Perú, Argentina y Paraguay

Contingente de 170 militares de las Fuerzas Armadas serán movilizados para endurecer la lucha contra el contrabando de combustible en una docena de municipios fronterizos identificados como puntos de la salida ilegal del carburante.

El Gobierno nacional puso en marcha un paquete de medidas para luchar contra este ilícito en el marco de la Política de Control y Lucha Contra el Contrabando de Combustibles.

“Estamos destinando 170 efectivos militares que van a trabajar con la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) para controlar en estos puntos de manera drástica y objetiva en la lucha contra el contrabando de combustible”, informó el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, en conferencia de prensa en Casa Grande del Pueblo, sede de la Presidencia del Estado.

Novillo explicó que este contingente estará conformado por 34 instructores de mando en cada municipio y 136 efectivos que serán personal de tropa. Las poblaciones fronterizas que tendrán este estricto control militar son: Cobija, Copacabana, Yacuiba, Tambo Quemado, Puerto Suarez, Guayamerín, Desaguadero, Pisiga, Villazón, Bermejo, San Matías y Piso Firme (en San Ignacio).

Asimismo, aseveró que se realizarán patrullajes terrestres, fluviales e incluso aéreos en todas las zonas fronterizas.

“La Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada van a controlar en todo el territorio nacional fronterizo es decir en el lado Este, Oeste, Norte y Sur, mediante las unidades militares que se encuentran acantonadas y cercanas, estas unidades van a desplazar patrullajes constantes y permanentes”, remarcó la autoridad.

"El objetivo de esta Política de Control y Lucha Contra el Contrabando es garantizar la transparencia, luchar contra la corrupción y el contrabando, y resguardar nuestra seguridad energética", señaló Molina. A este trabajo interinstitucional se sumará la Policía Boliviana para realizar controles en todo el territorio nacional, explicó el titular de Defensa.

Remarcó que se garantizará la provisión de combustibles para los transportistas, los sectores productivos e industriales y que solo se afectará a las personas que desvían el carburante para actividades ilícitas como contrabando, narcotráfico, minería ilegal u otras.

“El Plan se pone en operación para dar cumplimiento a los decretos supremos 4910 – 4911. El trabajo que vamos a hacer si bien, es de alto riesgo, es peligroso para los miembros de las Fuerzas Armadas, ellos están consientes que esta labor es fundamental para la defensa de la economía del pueblo boliviano y del Estado”, explicó.

De acuerdo con el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, con esta nueva Política el Estado podría ahorrar hasta $us 1.000 millones al año, evitando la fuga de combustibles del país.