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Diputados aprob贸 proyecto de ley que establece modificaciones al C贸digo Penal, C贸digo de Procedimiento Penal y al C贸digo de Ejecuci贸n Penal y Supervisi贸n para promover una justicia con mayor transparencia para v铆ctimas de feminicidio, infanticidio y violaciones

"Entendemos que existe una urgente necesidad de trabajar para resolver las situaciones y sabemos que con esta ley no se va a resolver el problema de la justicia, pero necesitamos avanzar paso a paso", aleg贸 por su parte Juan Jos茅 J谩uregui

Pleno de Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley 179/2021-2022 que establece modificaciones al Código Penal, Código de Procedimiento Penal y al Código de Ejecución Penal y Supervisión, para promover una justicia con mayor transparencia para víctimas de feminicidio, infanticidio y violaciones, a través del endurecimiento de penas para administradores de justicia que favorezcan a imputados por los delitos mencionados.  

El debate de la norma inició a las 11.00 de este jueves y se extendió hasta pasadas las 16.00. Originalmente, la norma contaba con dos artículos, tres disposiciones adicionales y una disposición final; pero, tras el análisis, la disposición primera y la disposición final fueron suprimidas. Con estos cambios, el proyecto de ley fue remitido al Senado para su revisión. 

“No podemos quedar indiferentes ante estos hechos que han causado luto y dolor en familias bolivianas. En atención a las víctimas y sus familiares propusimos este proyecto para devolverles la dignidad. La finalidad no solamente es endurecer las penas para que otros jueces o fiscales no se atrevan a cometer estos delitos. También, vamos a evitar que feminicidas, infanticidas y violadores estén libres en las calles”, enfatizó Lidia Tupa, presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, y proyectista de la norma. 

La propuesta de ley, trabajada también por el titular de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, Juan José Jáuregui, surgió como respuesta ante la preocupante actuación de jueces y fiscales que, de manera “arbitraria”, benefician a sentenciados, tal como ocurrió en el caso del exjuez Rafael Alcón, que dejó libre al violador y asesino múltiple, Richard Choque.  

“Entendemos que existe una urgente necesidad de trabajar para resolver las situaciones que se han visibilizado esta gestión (caso Richard Choque), donde hemos sido testigos de una serie de actos irracionales, arbitrarios cometidos por administradores de justicia. Sabemos que con esta ley no se va a resolver el problema de la justicia, pero necesitamos avanzar paso a paso”, alegó por su parte Jáuregui. 


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