La Paz 19 de Mayo de 2024, 18:33
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Comisi贸n Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional investig贸 denuncia de sobreprecio en la compra del material y concluy贸 con un informe que recomienda proceso contra tres ministros
Exprocurador Jos茅 Mar铆a Cabrera fue a declarar por esa denuncia ante la Comisi贸n y revel贸 que el ministro Murillo no envi贸 el informe requerido del proceso de compra, poco despu茅s fue apartado del cargo
Ministros de Gobierno, rturo Murillo; de Defensa, Fernando López; de la Presidencia, Yerko Núñez y el exministro de Economía Oscar Ortiz no acudieron a la convocatoria del Legislativo para informar sobre las denuncias de sobreprecio en la compra de materiales antidisturbios, por lo que se recomendó el inicio de un proceso penal por no colaborar en la pesquisa.
La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) investigó la denuncia de sobreprecio en la compra del material y concluyó con un informe que recomienda el proceso contra los tres ministros y el exministro, además del presidente de la Aduana, Waldo Ramos.
Presidenta de la comisión, senadora Plácida Espinoza, informó que los ministros no cooperaron en la investigación, al no asistir a las citaciones para declarar en esa instancia de fiscalización.
“No hubo cooperación del Ministerio de Gobierno ni de Defensa, así como de la Aduana Nacional, instituciones que directamente presentaron excusas para no participar”, aseguró, según un boletín institucional.
El exprocurador José María Cabrera acudió a declarar por esa denuncia ante la Comisión y reveló que el ministro Murillo no envió el informe requerido del proceso de compra. Poco después fue apartado del cargo.
Según la denuncia del programa Detrás de la Verdad, la empresa Bravo Tactical Solutions LCC, con sede en Estados Unidos, intermedió en la compra -en noviembre de 2019 del equipamiento-, una vez que el Gobierno suspendiera las gestiones directas que hacía con la proveedora Cóndor. Justamente esa intermediación encareció la compra que llegó a Bs 39,3 millones.
El informe conclusivo será remitido al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación. Recomienda que el Ministerio Público continúe con las investigaciones por la compra irregular de armamento no letal antidisturbios, al igual que la Contraloría General del Estado realice las auditorias correspondientes.
